El legislador priísta Raúl Cervantes, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, dio a conocer en la Gaceta Parlamentaria una propuesta para reformar los artículos primero y 133 de la Constitución, cuyo objetivo es poner la Carta Magna por encima de los tratados internacionales, en un nuevo intento por anular los avances de la reforma de derechos humanos de junio de 2011, denunció el abogado Silvano Cantú.

Esta iniciativa nos regresa a una doctrina jurídica propia del siglo XIX, obligando a los jueces a aplicar los tratados internacionales sólo de forma subsidiaria y empobreciendo el bloque de constitucionalidad, denunció el especialista en charla con La Jornada.

La propuesta de Cervantes –que se suma a la del también priísta Franciso Arroyo Vieyra, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados– pretende que las leyes mexicanas sólo reconozcan las disposiciones más restringidas del derecho internacional relacionadas con la defensa de los derechos humanos, dejando fuera una gran cantidad de aspectos complementarios, explicó Cantú.

Con esta reforma no considerarían el derecho penal internacional, en el cual está basada la lucha contra el delito de genocidio; los derechos laborales de la Organización Internacional del Trabajo; todos los convenios que protegen a los civiles durante un conflicto armado, y los derechos de los migrantes, entre otros. Se trata de un retroceso injustificable, advirtió.