Con el aval gubernamental, el PRI presentó en el Senado una iniciativa para modificar la figura del arraigo, en la que propone reducir la libertad bajo control judicial, de 80 a 20 días. La senadora Cristina Díaz presentó la propuesta y explicó que hay un promedio de 1.82 personas arraigadas por día,  mientras el Consejo de la Judicatura reportó que el arraigo se incrementó en 250 por ciento en los pasados dos años. 

La senadora Díaz refiere en la exposición de motivos de su iniciativa que la reforma constitucional de 2008 autorizó el uso del arraigo exclusivamente para los delitos relacionados con delincuencia organizada; sin embargo, del contenido del artículo decimoprimero transitorio del decreto por el cual se publicó dicha modificación se desprende que esta medida se aplicará en todos los delitos graves considerados por el derecho penal, hasta 2016.

Díaz subraya que al arraigo ha sido cuestionado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, que argumentan  que constituye una forma de detención arbitraria y viola los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, así como las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo. Asimismo amplía las posibilidades de que una persona pueda ser sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Ante ello, la senadora planteó que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, podrá decretar el arraigo de una persona, como medida cautelar de limitación de la libertad bajo control judicial, sin que pueda exceder de 20 días. Añade que, en todo caso, la limitación de la libertad para efectos de la investigación, no podrá exceder de 30 días incluido el tiempo de la retención.

Establece además que ningún indiciado podrá ser retenido por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial, el cual podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada.  Agrega que únicamente en casos cuya complejidad de la investigación requiera de mayor tiempo para acreditar las pruebas se podrá autorizar ampliar dicho periodo por un máximo de 148 horas.