l Ministerio del Empleo de España dio a conocer ayer que el número de desempleados en ese país supera ya cinco millones, cifra sin precedente que podría ser superada en breve, dado el empecinamiento del gobierno que encabeza Mariano Rajoy (Partido Popular, PP) en cumplir a rajatabla las directrices económicas dictadas a Madrid por la Unión Europea y los organismos financieros internacionales. Tales directrices son impulsadas en el ámbito local por las entidades patronales, las cuales exigen mayor flexibilidad del mercado laboral, lo que significa, en términos llanos, la cancelación de derechos laborales y de garantías contractuales mínimas. Tal presión es traducida por el gobierno de Rajoy en medidas antilaborales, como el decreto que prepara el propio Ministerio del Empleo para aumentar en tres años el tiempo de trabajo mínimo necesario para jubilarse, que pasaría de 30 a 33 años, lo que reduciría, a su vez, el acceso de nuevos trabajadores a plazas laborales e incrementaría, en esa medida, el desempleo.

Tal fenómeno es, por lo demás, sólo una de las expresiones de la generalizada crisis social causada por el plan de choque. Otra es la huelga de los trabajadores de la aerolínea Iberia, quienes resisten desde hace más de una semana el plan de restructuración lanzado por la empresa para despedir a casi cuatro mil de sus empleados, al amparo de las reglas antilaborales impuestas por el actual gobierno. En forma menos directa, la crisis atiza el diferendo entre el gobierno regionalista catalán y la autoridad central de Madrid.

Más preocupante es el efecto perverso que las medidas de austeridad tendrán en la perpetuación y el ahondamiento de la recesión. En efecto, en la medida en que el desempleo debilita al mercado interno se aleja la perspectiva de remontar la crisis, al grado de que expertos cercanos al gobierno de Angela Merkel –impulsor principal del ajuste salvaje en el sur de Europa– afirman sin empacho que el ciclo recesivo en España puede extenderse hasta por una década.

Uno de los aspectos más exasperantes de las dificultades por las que atraviesa la economía española es la desigualdad: mientras la mayor parte de los habitantes de la península llevan ya muchos meses enfrentando la reducción de sus niveles de vida, la pérdida de sus empleos, negocios y viviendas, enfrentando las alzas impositivas y la disminución de las prestaciones y programas sociales y deslizándose hacia la pobreza, unos cuantos exhiben una desmesurada acumulación de capitales. Es el caso de Amancio Ortega, fundador y propietario de Inditex, y quien con una fortuna personal calculada en casi 57 mil millones de dólares ocupa el tercer lugar en la lista publicada por Forbes de las personas más ricas del mundo, sólo antecedido por el mexicano Carlos Slim y el estadunidense Bill Gates.

Aun más irritante resulta el rosario de escándalos por defraudaciones y malversaciones que salpica por igual a la clase política y a la familia real de España. Mientras en el marco del llamado caso Gürtel la Fiscalía sigue destapando operaciones millonarias del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y de su esposa, Rosalía Iglesias, se multiplican las evidencias de la implicación de Cristina de Borbón –hija del rey Juan Carlos– en la trama de corrupción armada por su marido, Iñaki Urdangarin, por medio de Nóos, supuesta organización no lucrativa que lucró, y mucho, mediante contratos celebrados con diversas autoridades y entidades turísticas y deportivas.

En suma, la crisis económica de España impulsa una crisis social de implicaciones impredecibles, todo ello en medio de la crisis moral por la que atraviesan las autoridades políticas y la monarquía, y las perspectivas de semejante conjunción no parecen alentadoras.