Denuncias penales, acoso policiaco, agresiones del crimen organizado y desinterés del gobierno federal en las condiciones deplorables en las que se encuentran las instalaciones de las casas de apoyo a migrantes en México son algunas de las consecuencias que enfrentan los defensores de los derechos humanos de indocumentados en nuestro país.

Tan sólo en los pasados tres meses de 2012, 61 de estos defensores sufrieron agresiones por parte de agentes policiacos, principalmente de la Policía Federal, mientras que desde hace un año 14 de ellos enfrentan alguna denuncia penal ante la Procuraduría General de la República o ante alguna procuraduría estatal interpuesta por funcionarios o ex funcionarios de Migración presuntamente vinculados a grupos de traficantes de indocumentados.

Este y otros datos fueron mencionados ayer en una conferencia de prensa efectuada en las instalaciones del Centro Pro Juárez, en la que participaron Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo; el sacerdote católico Alejandro Solalinde, de la Organización Hermanos en el Camino; Alberto Xicoténcatl, de la Casa del Migrante en Saltillo, y fray Tomás González, de la casa 72 del migrante, en Tenosique, Tabasco.

En su oportunidad, el obispo Vera aseguró que en México la delincuencia organizada y los grupos de poder político que nos gobiernan forman un mecanismo diabólico, ya que el crimen organizado es una empresa a la que se le permite obtener ganancias a cambio de que apoyen al gobierno a mantener el control de los migrantes.

Añadió que las fuerzas armadas también han actuado como cómplices de las autoridades de Migración y nos han tratado (a los defensores de los migrantes) como los enemigos a vencer, porque somos los que no estamos de acuerdo con la ideología de la explotación del ser humano que dictan los grandes capitales y amos que defienden estos gobernantes mexicanos.

En el mismo sentido, Solalinde indicó que a las autoridades de todos los niveles de gobierno no debe extrañarles el fenómeno de los grupos de autodefensa que están brotando en varias entidades del país, ya que son el claro reflejo del hartazgo de las clases bajas que se han sentido desprotegidos, vulnerados ante la violencia del crimen organizado y el desamparo en que las policías tienen a la sociedad.

El presbítero pidió al gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto que vuelva su mirada al fenómeno de la migración. Les pediría a las autoridades federales que volteen a ver a la población migrante, que es sumamente vulnerable. Principalmente las mujeres, que son, dentro del mercado de los traficantes de personas, la mercancía más preciada.

Según Solalinde, la justicia mexicana está cooptada por los grupos de poder, y por ello quienes procuran e imparten justicia no pueden garantizar una interpretación imparcial de la ley y una adecuada justicia.

Fray Tomás González contó su experiencia de persecución que ha enfrentado tanto de parte del crimen organizado como de las autoridades policiacas y de Migración.

Tuvimos la posibilidad de denunciar a un delegado del Instituto Nacional de Migración, comisionado en el sur del país, y una vez que lo encarcelaron, pues encabezaba una red de traficantes de migrantes, respondió con una querella en mi contra que le sirvió para denostar a las casas de atención al migrante. Ese acoso del Ministerio Público lo hemos capoteado para seguir defendiendo a todos los hermanos indocumentados, dijo.