Aun cuando en América Latina las condiciones son diferentes a las de los años setenta, pueden volver en cualquier momento acciones que violen los derechos humanos por la ruptura del orden democrático constitucional, ausencia de elecciones libres y periódicas y estados de excepción, advirtió José de Jesús Orozco Henríquez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sabemos que los golpes de Estado, infortunadamente, no son asuntos del pasado y que (cuando estos se den) la CIDH es llamada a actuar con fortaleza y con sus atribuciones intactas. Reconozco y defiendo que la autonomía de la comisión y la independencia de sus miembros no son valores añejos, sino condición indispensable para su eficacia, dijo al participar en el ciclo de conferencias Los Derechos Humanos Hoy, convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH).

Acompañado por Luis de la Barreda Solórzano, responsable del PUDH, Orozco Henríquez antecedió en el foro a Sergio García Ramírez, ex presidente de la CIDH, en el análisis del desarrollo de la comisión, desde su gestación hasta las propuestas para renovarla, mismas que se presentaron a principios de 2012.

Convención cuestionada

Orozco Henríquez consideró que en este momento es prioritario que 35 estados ratifiquen o se adhieran a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para así superar la cifra de 24 que actualmente forman parte. Sin embargo, uno de ellos la cuestionó; por ello aspiramos respetuosamente a que Venezuela pueda reconsiderar antes de que la denuncia que formuló surta efectos”.

Se refería a la denuncia que en noviembre de 2012 hizo Caracas al afirmar que existe un doble rasero de la comisión con respecto a su país… No se entiende con base en qué criterios de valoración incluyen a Venezuela como uno de los países violadores sistemáticos de los derechos humanos, y anunció un distanciamiento del pervertido sistema actual de la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con su práctica se ha desligado de su rol, ratificado por los Estados miembros en el Pacto de San José.

En su intervención, Orozco Henríquez se pronunció por que se incrementen los 21 estados que han reconocido la jurisdicción de la corte, y llamó a que sus recomendaciones se reconozcan e incorporen a las leyes nacionales para la protección efectiva de los derechos humanos.

El presidente de la CIDH consideró importante corregir ciertas percepciones erróneas sobre el sistema interamericano, ya que en la mayoría de los casos las partes que acuden  al sistema no están en igualdad de condiciones para defender sus derechos y sólo un tercio cuentan con amplio apoyo económico y legal, mientras que a las miles de peticiones restantes les da respaldo el puño y la letra de algunas de las personas más pobres, excluidas, olvidadas y desposeídas de la región, sin que exista para ellas posibilidad de asistencia letrada alguna, en la etapa de estudio inicial, lo que hace indispensables mecanismos y recursos que equiparen las condiciones entre los actores.