La Cruzada contra el Hambre es una estrategia de carácter político y receptora de votos, al beneficiar más a municipios urbanos de 14 estados con elecciones en puerta, este 2013, y excluir a 400 que, paradójicamente, tienen el mayor porcentaje de población indígena y rural en condición de pobreza, coincidieron ayer los diputados federales del PRD, Rosendo Serrado Toledo, Rodrigo González y Sebastián de la Rosa.

Serrano, legislador por Oaxaca, detalló que en esa entidad fueron incluidos sólo 126 municipios, en la mayoría de los cuales el PRI perdió las elecciones pasadas. Subrayó que si se quisiera eliminar la pobreza, se tendría que revisar la estrategia, pues Oaxaca tiene 570 municipios, y 300 están en pobreza y pobreza extrema. De manera que estos 400 municipios incluidos en la Cruzada resultan una falta de respeto para aplicar una política pública federal que pretende abatir el rezago social.

De la Rosa, diputado por el estado de Guerrero, afirmó que la Cruzada es sólo una simulación, porque carece de recursos propios. “Los recursos provienen de los fondos asignados a los diversos programas sociales de las secretarías y entidades federales, como es el caso de Agricultura, Desarrollo Social, Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres y otros. De hecho, a diversos programas sociales se les asignó un presupuesto menor.

También cuestionó la forma como se distribuyó el presupuesto: Destinan 10 mil millones de pesos para 350 mil grandes productores de los estados del norte del país donde se siembra maíz (Sonora, Tamaulipas, Nuevo Léon, Guanajuato), y el mismo monto para 11 millones de indígenas en condición de pobreza extrema.

Para De la Rosa, sólo se ha lanzado un programa de carácter político; ¿cuál combate a la pobreza, si son los mismos programas, con la misma visión y con menos recursos? No hay posibilidad de que haciendo lo mismo se obtengan resultados distintos.

En rueda de prensa en la sede de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), los perredistas cuestionaron la forma como se aprobó el presupuesto dirigido al campo.

“La aplanadora priísta impuso un presupuesto a modo del Ejecutivo. Argumentaron que ya venía con la inercia del gobierno de Felipe Calderón y no podía modificarse, pero sí había tiempo y espacios para hacer cambios”.

Emilio López, investigador de la Universidad de Chapingo, afirmó que en el medio rural el desempleo y la subocupación supera 23 por ciento de la población económicamente activa, además de que ahí se reporta un encarecimiento de los alimentos básicos.

Los perredistas anunciaron que se sumarán a la manifestación del 6 de marzo, convocada por la Cioac y la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas.