Fueron consignados 127 policías federales por delitos contra la salud: informe de la Seido
Igual suerte corrieron 471 agentes municipales y 92 estatales, en el periodo de 2006 a 2012
Domingo 10 de febrero de 2013, p. 12
Durante el gobierno de Felipe Calderón fueron consignados ante jueces federales por delitos contra la salud y delincuencia organizada 127 policías federales, entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y de la Procuraduría General de la República (PGR); 417 de corporaciones municipales y 92 agentes estatales, según indican informes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
En respuesta a una solicitud de información pública, la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial de la Seido dio a conocer que, del primero de diciembre de 2006 al 15 de septiembre de 2012, sus bases de datos ubican la detención y procesamiento de solamente nueve militares por presuntos nexos con el crimen organizado.
Aunque no especifica los nombres de los militares detenidos por cuestiones de narcotráfico, en ese periodo fueron consignados ante un juez los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, quienes enfrentan un proceso penal por supuestos nexos con la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
El oficio SJAI/ DGAJ/11409 /2012 de la PGR refiere que en el periodo mencionado fueron detenidos y procesados 417 policías municipales y 92 de corporaciones estatales, pero también indica que la Seido no cuenta con un registro del número de agentes o militares que recibieron auto de formal prisión o de libertad, o a cuántos se les dictó sentencia absolutoria.
Para llevar acabo el registro de información relacionada con el estatus judicial de cada uno de los inculpados, la PGR creó hasta julio de 2012 una Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada, la cual hasta noviembre del año pasado no contaba con base de datos.
De igual manera, la subprocuraduría respondió que no lleva ningún control estadístico de las organizaciones criminales a las cuales presuntamente pertenecían los policías o militares detenidos.