La Ley General de Víctimas no debe limitarse a brindar ayuda asistencial a quienes han padecido los efectos de la violencia en el país, sino procurarles atención cercana, acompañamiento sicosocial y apoyo económico para realizar proyectos productivos, cuya efectividad puede mejorarse sobre la marcha y sin retroceder en los derechos ya alcanzados, señalaron activistas de organizaciones sociales.

La abogada Lucha Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, saludó que el empuje de colectivos como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad haya obligado a las instituciones a reconocer la magnitud de la violencia en el país, pero manifestó su preocupación de que esta norma tarde mucho en aplicarse y, por tanto, sus efectos se diluyan.

Además, habría que evitar que un solo grupo de organizaciones se apropie de la nueva norma o hable en nombre de todos los colectivos de víctimas con una perspectiva centralista. Estando lejos del Distrito Federal, muchas veces no nos oyen y sólo algunos grupos acaparan la atención, como los de (Isabel Miranda de) Wallace o (Fernando) Martí, aseveró.

Nora Martínez Lázaro, del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, destacó que pese a sus huecos o fallas no hay que desaprovechar las oportunidades que brinda la ley, sobre todo por tratarse de un logro de la sociedad.