La iniciativa para reformar la Ley General de Víctimas que el gobierno federal prepara conjuntamente con integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) mantiene los ejes principales del ordenamiento, pero modifica gran parte del articulado, con el propósito de precisar definiciones y atribuciones, así como delimitar responsabilidades e incluir las observaciones que formuló el entonces presidente Felipe Calderón a esa legislación.

Miguel Concha Malo –principal del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria– y el abogado Julio Hernández Barros detallaron que los cambios apuntan a una ley de justicia restaurativa, que delimita quiénes son las víctimas del delito y las de violaciones a derechos humanos, y define con claridad quiénes podrán acceder a la reparación económica del daño por conducto de una compensación subsidiaria del Estado.

No se va a indemnizar al empresario Alejandro Martí, al propio poeta Javier Sicilia o a la señora Isabel Miranda de Wallace por la muerte de sus hijos, comentó Hernández Barros. El Estado pagará la indemnización subsidiaria en aquellos casos en que la víctima o sus familiares lo requieran, aclaró el abogado.

La iniciativa se elabora en la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular, Jesús Murillo Karam, fue artífice, junto con el MPJD, de esa Ley General de Víctimas que Calderón vetó y trató de invalidar ante la Suprema Corte y que, finalmente, Peña Nieto promulgó al inicio de su administración.

Precisiones

Concha Malo explicó que se ha trabajado exhaustivamente en las últimas semanas para llevar a cabo los cambios necesarios a esa ley y se han precisado y acotado varios puntos, entre ellos la compensación irrestricta a quienes han padecido violaciones de derechos humanos y los casos que deben ser considerados a fin de que las víctimas de delitos de alto impacto puedan tener la retribución solidaria del Estado por haber sufrido daños a su libertad, integridad física o mental.

Al respecto, Hernández Barros precisó que la estructura de la ley se modifica y prácticamente quedará una nueva Ley General de Víctimas conformada por más o menos 80 por ciento de la actual legislación. Uno de los cambios, dijo, es para definir quiénes recibirán la compensación solidaria de 980 mil pesos, la que se limita, porque no alcanzaría todo el dinero del mundo para pagar, por ejemplo, los daños por robo.

En ese sentido, se aclara la diferencia entre la reparación directa –que es obligación del Estado y que se da en aquellos casos en los que hay violación de derechos humanos– y la reparación por delitos cometidos por la delincuencia organizada.

En el caso de la primera, no hay límites, no existe ningún requisito. Se hará de forma directa y a cargo de la dependencia de la cual derive la violación. Por ejemplo, si fue un soldado, la tendrá que hacer la Secretaría de Defensa Nacional, y si fue el policía de Huejotzingo, pues entonces el municipio de Huejotzingo tendrá que hacer la reparación.

En el caso de la reparación subsidiaria se incluyen algunos requisitos. Precisó que, por principio, se trata de que el delincuente sea quien repare el daño, pero en los casos en que por negligencia de las autoridades no pueda ser identificado o no pueda ser localizado, o bien resulte que es insolvente y trate de delitos que atenten contra la vida, contra la libertad o contra la integridad de las personas, el Estado debe responder.

El abogado detalló que hay que aplicar otro criterio muy importante: el de necesidad; es decir, que el Estado sólo pagará subsidiariamente en aquellos casos en donde la víctima necesite la reparación para sufragar sus gastos básicos.

Hernández Barros explicó que se redujo el número de integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que de tres mil quedará sólo en unos 40, y la Comisión Ejecutiva se mantiene con carácter de instancia ciudadana de expertos y representantes de colectivos de víctimas.

Expuso que confían en que el Ejecutivo presente a la brevedad la iniciativa, sobre todo porque ya hay un acuerdo entre el MPJD e integrantes del Poder Legislativo que han participado en las negociaciones.