Las críticas de algunos grupos a la Ley General de Víctimas deben generar un debate serio y fundamentado, en vez de una dinámica de descalificaciones recíprocas, pues hoy no sirve de nada menospreciar los alcances de la nueva norma, afirmaron activistas de organizaciones sociales.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, señaló que la promulgación y la publicación de la ley es un hecho positivo y un reconocimiento del gobierno federal de la deuda que tiene con las víctimas de la violencia.

Este es un tema que ya tiene muchos años, pero el de que hoy tengamos una ley al respecto le puede dar efectividad. Ahora viene la tercera etapa: implementar la legislación, porque una ley por sí misma no es suficiente hasta ver cómo se va a aplicar, indicó.

Respecto de las críticas de la ex candidata panista al gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace, y el empresario Alejandro Martí, el activista consideró que es necesario analizar todos los señalamientos sobre el tema y hacer una revisión técnica cuidadosa, para luego abrir un debate y no quedarse únicamente en las descalificaciones de uno y otro lado.

Hasta donde entiendo, ya existe el compromiso de reformar la ley de inmediato para corregir algunos detalles. El punto fundamental para mí es garantizar que haya investigaciones adecuadas para que las víctimas tengan acceso a la justicia, y no que sólo se trate de dar ayuda o reparaciones materiales, subrayó.

Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseveró, por su parte, que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad –uno de los principales impulsores de la Ley General de Víctimas– ha dicho en varias ocasiones que esta norma es perfectible, pero concentrarse en los señalamientos negativos no contribuye para avanzar en el tema.

Al movimiento no le interesa confrontarse con sus opositores, sino seguir haciendo un trabajo profesional y con respeto a las víctimas. Por eso ha mantenido una labor rigurosa para que el Estado cuente con un instrumento jurídico adecuado y haga justicia de manera integral, apuntó.

Por ello las críticas de organizaciones como Alto al Secuestro y México SOS representan una muestra de desconfianza y de menosprecio contra el grupo que impulsó la ley, cuando deberían expresar su solidaridad por estar en la misma lucha, señaló Concha.