La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la perredista Margarita Elena Tapia Fonllem, afirmó que urge reglamentar la Ley General de Víctimas, así como instalar el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a fin de poder instaurar los mecanismos para reparar los daños causados a las personas afectadas.

Por su lado, el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, el panista Fernando Rodríguez, manifestó que es necesario perfeccionar dicho ordenamiento, para lo cual su partido emprenderá una consulta con diversas asociaciones civiles especializadas en el tema, entre ellas las que encabezan Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la priísta Arely Madrid, dijo estar de acuerdo en que se debe mejorar la nueva norma, pero estimó que la publicación del ordenamiento ya representa un avance.

Antes no existía ninguna ley que reparara los daños a las víctimas de la violencia. Ahora corresponde seguir avanzando, pues toda ley es perfectible, indicó la también integrante de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

En igual sentido se pronunció la diputada Tapia Fonllem, quien indicó que con la publicación de la referida legislación, se da un paso significativo en el cumplimiento pleno de los derechos y se da la oportunidad de resarcir una parte de los saldos de la violencia en el pasado.

Precisó que la emisión de la ley no es un gesto gracioso del titular del Ejecutivo, sino el cumplimiento de un acuerdo previo que representa una obligación con la ciudadanía.

Con la promulgación se suprimen los obstáculos que puso la administración anterior a una propuesta que contó con el consenso de la sociedad civil y el voto unánime del Congreso de la Unión. Ahora corresponde hacer realidad esta ley a las autoridades de todos los niveles, y también una obligación de los tres poderes del Estado mexicano.

La perredista exhortó a las legislaturas locales y a las instancias estatales a armonizar sus instrumentos legales con el nuevo mandato.

Tapia Fonllem estimó que la 62 Legislatura tiene frente a sí el gran reto de reglamentar la ley, de forma que se asegure un presupuesto suficiente para la implementación de sus disposiciones y la instalación de los órganos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Iniciativa priísta

Aparte, Tapia Fonllem y el vicecoordinador del grupo del PRD en San Lázaro, adelantaron que pugnarán por que se deseche la iniciativa que el pasado jueves presentó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, quien busca modificar el segundo párrafo del artículo primero constitucional, a fin de que en materia de los derechos humanos prevalezca lo que establece la carga magna, por encima de los tratados internacionales que México ha suscrito.

Organizaciones y activistas defensores de los derechos humanos –entre ellos Miguel Concha, Mariclaire Acosta, Édgar Cortez, Clara Jusidman, Sergio Ramírez Caloca y decenas más– han advertido públicamente que la propuesta de reforma del diputado priísta, además de carecer de una finalidad concreta manifiesta, va en contra del propio artículo primero al incumplir la obligación constitucional que el Poder Legislativo tiene, en el ámbito de sus competencias, de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad.

Senado: posiciones encontradas

La publicación de la ley de víctimas generó posiciones encontradas en el Senado. El PAN consideró que hubo precipitación en la difusión del texto y que lo mejor hubiera sido esperar el fallo de la Corte. El PRI defendió la decisión del presidente Enrique Peña y lamentó los señalamientos de Isabel Miranda, sobre todo porque durante la discusión del documento en el Congreso, ella se mostró de acuerdo con el contenido. El PRD se congratuló por la publicación, aunque dijo que es perfectible y se mostró dispuesto a retomar el tema.

Arturo Zamora (PRI) calificó de acierto del presidente Enrique Peña Nieto que se haya publicado la ley de víctimas y expuso que su postergación habría ido en detrimento de los afectados por la violencia.

Enumeró algunos de los beneficios de la nueva norma, como la creación de un banco confiable de datos sobre las víctimas en el país; la formación de un consejo que programará lo relacionado con los recursos del fondo para reparación de daños y que la ley sí tiene carácter retroactivo.

Lamentó algunas críticas vertidas, pues hay quienes sin ser abogados han confundido la concurrencia de competencias. En concreto sobre los dichos de Miranda, quien cuestionó la falta de dinero para el fondo y que recursos de la ciudadanía servirán para reparar fechorías de los delincuentes, expuso que respeta pero no comparte esos planteamientos.

El legislador se mostró extrañado de la posición de Miranda, dirigente de una organización social, ya que ella estuvo de acuerdo con el contenido de la ley cuando se discutió en la Cámara de Diputados, de manera que llaman la atención, sus opiniones diferentes, subrayó.

José Rosas Aispuro (PAN) señaló que se precipitaron las cosas al publicar la legislación, pues era importante escuchar la voz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para saber quién se había equivocado y si el Congreso había hecho mal las cosas.

Dijo esperar que cómo está publicada la ley, se pueda dar satisfacción al interés de las víctimas. Me preocuparía que esta norma no pudiese ser el instrumento más efectivo para cumplir con la demanda de que los afectados sean atendidos, puntualizó.

Dolores Padierna (PRD) calificó de hecho afortunado la publicación del documento, pues se trata de una legislación necesaria ante las circunstancias que vive el país. Quien critica el texto no tiene razón, expuso, si bien reconoció que la ley no es perfecta. A partir de febrero podemos ponernos los legisladores a disposición de quienes tengan observaciones.

El pasado miércoles, Peña Nieto público la Ley General de Víctimas, luego de que retiró la controversia constitucional que había interpuesto el gobierno de Felipe Calderón.

Con información de Georgina Saldierna