Burdeos, 11 de septiembre. Por primera vez desde su elección a la presidencia de la República hace cuatro meses, y en un contexto de creciente descontento, François Hollande se ha dirigido, la semana pasada, a sus electores para aclarar los proyectos de su gobierno. Se esperaba mucho de esa entrevista televisiva, sobre todo, anuncios determinados y concretos.

Pasadas las vacaciones de verano –en las cuales un francés de cada dos y un niño de cada tres no salieron de su casa, aun para ir unos días a la de los abuelos o de algún otro familiar–, un sentimiento de ineficacia del gobierno se había visto ampliado por el anuncio de las cifras del desempleo que se siguen disparando (tres millones, es decir, 10.2 por ciento de la población económicamente activa) y las del aumento de la pobreza en Francia que alcanzaría ya a diez millones de personas. También los enfrentamientos internos en el gobierno sobre temas como la no salida de la industria nuclear, la lucha contra la criminalidad en una gran ciudad como Marsella o la evacuación brutal de campamentos de gitanos han empezado ha lastimar la imagen de una sociedad anunciada más justa. Obviamente, el saqueo de un país, de su sector público (salud, escuela, policía, cultura, justicia…), de sus empresas e infraestructura, durante décadas, a favor de unos cuantos, no se resuelve con una varita mágica. Y bien lo sabe el ministro de la Recuperación Productiva, Arnaud Montebourg, que enfrenta múltiples cierres de empresas, grandes y pequeñas, que habían esperado la elección para manifestarse.

Las primeras señales de cambio dadas en mayo, junio y julio por el gobierno del primer ministro Jean-Marc Ayrault, fueron simbólicas pero bien recibidas porque parecían marcar una voluntad de ruptura. El anuncio de la creación inmediata de mil puestos en la educación, cuando se habían anunciado 14 mil supresiones, y el aumento, para el próximo año, del número de puestos abiertos al concurso de profesores de secundaria, habían aliviado el ambiente en un sector particularmente golpeado por la derecha. La disminución de la remuneración del presidente y sus ministros, la supresión de la medida fiscal para las horas extras que fue el faro de la política de empleo de Nicolas Sarkozy, con su lema: trabajar más para ganar más, el aumento del ISF (impuesto sobre la fortuna) y la supresión del IVA social (que de social no tenía nada ya que subía la tasa del IVA para financiar los gastos sociales bajando así la parte a cargo de las empresas) fueron medidas de emergencia bien recibidas. Igual el aumento del subsidio de regreso a clases para cinco millones de niños (de los 12 millones que estudian en el país) o la ligera baja del precio de la gasolina negociada y compartida con los distribuidores. Pero esas medidas de emergencia necesitaban insertarse en el proyecto global prometido durante su campaña por François Hollande, con un presupuesto claro y preciso, para que no quedaran en el puro anuncio propagandístico.

Lo que pasó casi inadvertido para la población francesa, porque poco comunicó el Eliseo sobre el tema y poco se comentó, fue la gira emprendida por Hollande al día siguiente de la toma de posesión por presión de la agenda internacional. Con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en Chicago, fue a aceptar el escudo antimisiles para Europa, el primer paso para proporcionar cobertura y protección a todos los países de la OTAN que quiere defenderse de eventuales ataques con misiles de países como Irán, dijo el jefe del organismo. En la Organización Mundial de Comercio (OMC), Hollande dio su visto bueno a las políticas de liberalización de la economía mundial. En el G-20, en Los Cabos (México), marginado por sus colegas europeos, no consiguió ni la designación de una secretaria permanente del G-20, ni un debate sobre la tasación de las transacciones financieras. En Río de Janeiro, en la Cumbre de Río+20 fue a defender la causa de la economía verde, la cual se sabe es más economía, y alegra a los empresarios, que verde, lo que preocupa a los sindicatos y ciudadanos.

Con Angela Merkel fue a hablar de crecimiento y se le impuso un nuevo texto del tratado europeo que obliga a los estados a recortes drásticos en su gasto publico para que el déficit estructural no pase de 0.5 por ciento. Lo que generará menos crecimiento, más desempleo e impedirá cualquier política vinculada a la transición social y ecológica necesaria para no hundir en una pobreza desesperanzadora a los ciudadanos. El pacto europeo, cuyo nombre oficial es Tratado sobre la Estabilidad, Coordinación y Gobierno (TESCG), está supuesto entrar en vigor el primero de enero de 2013. Por ello, el presidente Hollande quiere que se apruebe en el Parlamento en las próximas semanas, rechazando el clamor del pueblo francés por una consulta por la vía del plebiscito.

En sus declaraciones en la televisión, Hollande ha anunciado dos años de esfuerzos para que se empiecen a ver los resultados de sus políticas para el empleo, la competitividad y la recuperación de las cuentas públicas. Su agenda integra un alza de los impuestos, tanto sobre la renta como sobre las empresas, que traerá 20 mil millones de euros a las arcas públicas. Confirmó que todas las remuneraciones que pasen de un millón de euros al año, tanto ingresos por el trabajo como por el capital, pagarán, por lo menos durante dos años, un impuesto de 75 por ciento.

En cuanto al empleo, después de la ronda de concertación social de julio, advirtió que si sindicatos y empresarios no se ponen de acuerdo de aquí a finales del año, el Estado tomará sus responsabilidades. Otro tema candente de la agenda, la protección social (pensiones y seguro) para la cual no hizo ningún anuncio serio sino que se están estudiando varias vías de financiamiento.

En realidad, nada que no se hubiera ya anunciado y nada que anuncie el giro radical que necesita el país. Los franceses bien saben que un cambio de estilo no es suficiente si no está acompañado de una voluntad de cambio de orientación política.