De no haber cambios drásticos en materia de políticas públicas para obligar a estados y municipios a respetar el uso del suelo y el ordenamiento territorial, los efectos de la sequía en el norte del país y de las inundaciones en el sur serán catastróficos para el sistema productivo en su conjunto, además de poner en riesgo la subsistencia de millones de mexicanos, advirtió el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo.

De mantenerse las actuales políticas públicas, en 10 años la temperatura aumentará entre .5 y un grado, y en 70 años el incremento sería de entre 4 y 4.5 grados, con efectos catastróficos para la agricultura, ya que de los 160 milímetros de lluvia anual que se registran en el noroeste se perderían al menos 20 milímetros, afectando sobre todo a las comunidades más desprotegidas que habitan las zonas altas, con menor disponibilidad de agua, frente a los más de 2 mil milímetros de precipitaciones pluviales que se registran en el sureste, aseveró.

Al inaugurar la segunda parte de la Reunión Regional de Expertos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que inició la semana pasada, Luege Tamargo lamentó que aun cuando el gobierno federal cuente con políticas de uso de suelo y ordenamiento territorial, los municipios carecen del mismo o, de tenerlo, no lo respeten.

Puso como ejemplo el municipio Chalco, estado de México, el cual, al haber sido edificado en zona lacustre, registra hundimientos de entre 20 y 40 centímetros anuales debido a la sobrexplotación de los mantos acuíferos. Es potestad de los municipios decidir los usos del suelo, pero Chalco es una muestra de lo que sucede cuando no se respetan los ordenamientos ecológicos emitidos por la Federación.

La falta de ordenamiento, agregó, ha obligado a invertir en la ciudad de México más de 6 mil millones de dólares en sistemas de drenaje y bombeo para el control de inundaciones, insistió, y enfatizó que mientras el gobierno federal tiene asegurada la infraestructura a su cargo, estados y municipios carecen de dicha protección.

El director del Fondo Nacional de Desastres Naturales de la Secretaría de Gobernación, Rubén Holfinger Topete, recordó que el acuerdo de asistencia técnica, firmado con el Banco Mundial la semana pasada, permitirá no sólo diseñar mejores mecanismos de aseguramiento para las entidades contra los daños sufridos por desastres naturales, sino definir con precisión los recursos invertidos en la prevención de desastres y conocer el impacto de dicha inversión en la reducción del riesgo.