Cuencamé, Dgo., 23 de julio. Los apoyos de los gobiernos federal y estatal para paliar los efectos de la grave sequía que afecta la región se entregaron aquí discrecionalmente, incluso a personas que no tienen tierra ni ganado, y ante los reclamos de los afectados se echan la pelota los funcionarios federales y los estatales, acusó el director de Desarrollo Económico de este municipio, Francisco Javier García Ramírez.

Cuencamé cuenta con 34 mil habitantes, está localizado a 150 kilómetros de la capital duranguense, en la zona semiárida; registra actividad agrícola y ganadera por lo menos desde 1569, y desarrollo minero desde el año de 1601 en la zona de Velardeña, distante unos 15 kilómetros de la cabecera municipal, donde ahora están asentadas las compañías mineras Peñoles, Labri y William, que explotan oro, plata y zinc, entre otros minerales.

Previendo los estragos de la sequía, fenómeno recurrente en la región del semidesierto, el gobierno municipal –producto de una coalición entre PAN, PRD y Convergencia– solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), en marzo de 2011, un crédito por 3 millones de pesos para un proyecto de acopio de ganado.

El proyecto contemplaba un corral de manejo, un pozo de agua, un tráiler con rejas para transportar ganado, una bodega y forrajes para un ciclo que ayudara al ganado a no bajar de peso mientras conseguían compradores en otros estados de la República y de ser posible en el extranjero. La Sedeso lo rechazó por falta de recursos, indicó García Ramírez.

Ya con la sequía encima, en abril de este año se decidió realizar una reunión municipal sobre el campo y la sequía en la región del semidesierto, para ello se convocó a los representantes de una veintena de dependencias federales y a seis secretarías del gobierno estatal, al delegado de Sagarpa, René Almeida, y al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDER) del gobierno de Durango, Carlos Matuk.

A la reunión asistieron los presidentes de las juntas municipales o jefes de cuartel de 44 localidades y 24 comisariados de los ejidos que conforman el municipio. El tema más candente fue el del seguro catastrófico, ya que hubo fuertes reclamos para el representante del gobierno del estado y de la SAGDER, Julio Varela, pues los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en el Distrito Federal nos informaron que este seguro consideraba mil 300 pesos por hectárea hasta 10 hectáreas por productor y aquí sólo se repartieron 900 o mil pesos por productor, y también se dio a personas que no tienen ganado ni tierras, afirmó García.

Agregó que Varela respondió que el apoyo se había dado por sorteo y que le tocó a quien corresponde, ante lo cual el diputado Francisco Javier Carrillo, quien asistió en representación del diputado federal José Narro, integrante de la Comisión de Agricultura del Congreso, comentó que eso no estaba bien, pues no era un juego de azar para dar por sorteo, ya que el Congreso de la Unión había aprobado este seguro para los productores que estaban siendo afectados gravemente por la sequía.

Por su parte, el representante de la Sagarpa, Abel Guzmán Rodríguez, del distrito 3, con sede en Guadalupe Victoria, se negó a informar los montos por hectárea a los que se tenía derecho y cuánto dinero correspondía al municipio de Cuencamé para apoyos al campo, arguyendo que por la veda electoral tenía prohibido manejar cifras, mismas que entregaría por escrito cuando fueran a buscarlo a su oficina.

El mismo argumento manejó ante el malestar que había entre los asistentes por el reparto de forrajes y alimento para ganado que en días pasados habían sido dados discrecionalmente. En síntesis, el gobierno del estado le echaba la culpa al gobierno federal y viceversa, enfatizó García Ramírez.

Indicó que se llamó la atención a los funcionarios sobre la urgencia de poner más atención al problema de la sequía, pues el hato ganadero en Durango se puede terminar y con ello la generación de otros empleos, pues muchas familias que se dedican a la ganadería viven de varios productos derivados de la leche, como el queso, el requesón, los asaderos y la mantequilla, entre otros.

Incluso se les sugirió pedir apoyo a los organismos internacionales de las Naciones Unidas, como la FAO, ya que cuando algunos países han sufrido desastres naturales, México siempre ha ayudado a las naciones en desgracia.

Enfatizó que queda como testimonio que el esfuerzo se realizó para paliar los graves estragos de esta sequía, pero al gobierno federal y estatal más les interesa el poder que atender los problemas del campo, así sea en casos de emergencia, como son los tiempos actuales en que están padeciendo los ganaderos y agricultores de esta región.

García Ramírez mencionó también que la dirección a su cargo gestionó en 2010, por conducto de Unimoss (Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social), créditos del Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (Fonaes), de la Secretaría de Economía, para cinco proyectos productivos, así como apoyo ante la Sedeso para 40 paquetes de material de construcción por un monto de 400 mil pesos.

Aclaró que Unimoss cobró 15 por ciento a cada uno de los beneficiarios de los proyectos.

Unimoss es una red de organizaciones que presume tener 5 mil empresas rurales afiliadas. Se fundó en 2004 en un acto al que asistieron Josefina Vázquez Mota y Fernando Canales, entonces titular de la Sedeso y secretario de Economía, respectivamente. Su dirigente, el panista Javier López Macías, fue director de Operación Regional del Fonaes en el gobierno de Vicente Fox.

García Ramírez dio a conocer que a principios de este año entregó a la representante de Unimoss en el estado, Silvia Nevarez, solicitudes para 14 proyectos que comprendían la documentación requerida y sólo les gestionó uno de éstos por 100 mil pesos.

Agregó que al entregarle las solicitudes, Nevarez le dijo textualmente: Javier, las solicitudes las voy a analizar y a escoger. Quiero gente con liderazgo y el compromiso de que van a apoyar a Josefina Vázquez Mota. Si no hay eso, los proyectos no pasan.

No le contesté, sólo le dije que esas solicitudes eran de personas que se presentaron a la dirección para que las apoyáramos con un proyecto, nunca les pregunto de qué partido son”, concluyó García Ramírez.