yer por la tarde el candidato presidencial por el Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, anunció la presentación de un juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial realizada el primero de julio. El trámite correspondiente fue iniciado unas horas más tarde ante el Instituto Federal Electoral (IFE), bajo protesta, por el titular nacional perredista, Jesús Zambrano. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la demanda habrá de ser turnada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual deberá analizarla, sopesar sus argumentos, documentos y pruebas, y emitir un fallo definitivo sobre la validez de los comicios antes del 6 de septiembre.

Debe destacarse, en primer lugar, el hecho de que el abanderado presidencial de las izquierdas y su equipo cumplen, de esta forma, su compromiso de sujetarse a las vías legales y a los canales institucionales para dirimir su inconformidad ante las prácticas indebidas, si no es que abiertamente ilegales, que mancharon la contienda electoral y que ahora extienden una sombra de sospecha sobre el propio IFE y sobre la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por su permisividad ante la comisión de flagrantes irregularidades.

A contrapelo de lo expuesto ayer mismo por el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Pedro Joaquín Coldwell, en la presentación de este recurso legal no hay ninguna suerte de desconocimiento a la autoridad electoral–pues se interpone ante el propio IFE– ni de lo firmado días antes de la elección. En la situación presente, cuando es particularmente necesario que los actores se expresen con precisión, resulta poco responsable confundir crítica con desconocimiento.

A juzgar por los ejemplos de irregularidades mostrados ayer por López Obrador y por el coordinador de su campaña, Ricardo Monreal, y con la argumentación jurídica expuesta en el mismo acto por el diputado Jaime Cárdenas Gracia, el recurso del Movimiento Progresista no puede ser desechado a la ligera. En la petición de anulación están contenidas un cúmulo de pruebas de compra de votos y de presuntos manejos sospechosos de dinero que podrían configurar, además de delitos propiamente electorales, desvío de recursos y lavado de dinero por parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto.

Asimismo, se hace una detallada demostración de cómo se rebasó el tope de gastos de campaña impuesto por la ley y se presen- tan numerosos elementos de juicio sobre la parcialidad con la que se condujo la mayor parte de los medios electrónicos y de las firmas encuestadoras en favor del abanderado priísta. El argumento central del recurso de inconformidad es que esas y otras irregularidades, independientemente de que sean violatorias del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), representan un atropello a las disposiciones constitucionales sobre la realización de elecciones, particularmente las contenidas en el artículo 41 de la Carta Magna. Como señaló Cárdenas Gracia, existen diversos ejemplos en la historia reciente del país de comicios anulados por su inconstitucionalidad.

El documento legal presentado ayer por la coalición de izquierdas no sólo refleja la posición de los partidos y organizaciones que la conforman, sino que recoge también el malestar de amplios sectores sociales por el desaseo y la opacidad que caracterizó a los comicios pasados, vicios que han sido abrumadoramente documentados, expuestos y difundidos en medios tradicionales y en redes sociales.

En tal circunstancia, la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral tiene ante sí el deber de analizar a fondo los elementos contenidos en la demanda y de deliberar y fallar con estricto apego a la letra y el espíritu de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. De la seriedad y honestidad con la que realice su tarea depende, en buena medida, el futuro de la democracia en el país y la gobernabilidad en el futuro inmediato. Dicho de otra manera, si el tribunal opta por declarar válida la elección del primero de julio, tendrá que desvirtuar en forma convincente y hasta contundente, uno por uno, los elementos contenidos en el recurso presentado ayer; si, por el contrario, decide anular la elección, deberá hacerlo con un fundamento legal sólido. De otra forma, el TEPJF causará un daño gravísimo a la credibilidad de los organismos electorales –de suyo maltrecha–, a la democracia en general y a la gobernabilidad.

Por último, en el trámite legal referido no hay motivo para incertidumbre o inquietud de la ciudadanía; por el contrario, el recurso por las vías previstas en la legislación apunta a restituir a las instituciones la solidez y la autoridad que perdieron en el curso de un proceso electoral marcado desde un inicio por la forma omisa y complaciente con la que se desempeñaron y por las transgresiones inocultables de uno de los bandos contendientes y sus aliados: agentes empresariales, medios electrónicos y gobiernos estatales.