El senador del PRD Carlos Sotelo advirtió que es ilegal la acción del Ejecutivo federal de regresar al Congreso la Ley General de Víctimas, pues lo hizo apenas el primero de julio y no el 10 de junio pasado, como establece la Constitución, por lo cual el presidente del Senado debe dar la orden de que se publique.

Su acción, enfatizó, tiene un claro tufo electoral. Es decir, hay un uso electoral por parte de Felipe Calderón, de su partido y de su equipo de gobierno.

En entrevista, el legislador señaló que si lo que el Ejecutivo pretende es mejorar dicha ley, tendría que realizar una iniciativa de reformas, pero no puede simplemente vetarla.

El perredista explicó que, luego que el Congreso aprobó la ley, los secretarios de las cámaras de Diputados y Senadores la remitieron al Poder Ejecutivo el 10 de mayo, y el Ejecutivo tenía hasta 30 días para observarla, cuando mucho.

Hay una promulgación constitucional, con base en la reforma que el Congreso aprobó simplemente para eliminar el veto de bolsillo, justamente, y a partir de la promulgación que sucede en los tiempos legales, se tienen otros 10 días adicionales para su publicación, refirió.

Por tanto, el Ejecutivo debió publicar la ley en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de junio. De tal manera que, constitucionalmente, esta ley está promulgada y debe hacerse tal cual lo ordenó el presidente del Senado, el panista, precisamente, José González Morfín.

El senador perredista advirtió que el presidente del Senado está obligado a salvaguardar la legalidad de las facultades del Congreso de la Unión, y mediante un oficio debe dar la orden para que esta ley se publique. Esperamos que esto suceda en los próximos días, subrayó.

De lo contrario, Calderón actúa de manera ilegal, pues casi 20 días después intenta vetar la ley por la vía de la observación. Creo que, pensando que aún existía la figura del veto de bolsillo, él (Calderón) y su equipo de gobierno, creían que podían jugar con los tiempos.

Sotelo recordó que la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, reiteradamente ofreció respaldar la Ley de Víctimas, y parece ser que, vencidos los plazos para que el Ejecutivo federal observara la ley, el 10 de junio, durante 20 días mantuvieron una especie de juego y decidieron no observarla.