El veto gubernamental a la Ley General de Víctimas significa un acto de desprecio de Felipe Calderón a su palabra y a las víctimas de la guerra contra el crimen organizado, y una muestra de cerrazón ante la emergencia que produjo su fallida estrategia de seguridad nacional, afirmó Javier Sicilia, dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

En conferencia de prensa, el escritor y poeta lamentó que al enviar una serie de observaciones a la mencionada legislación –que en los hechos constituyen un veto, de acuerdo con algunas organizaciones de derechos humanos–, el Presidente de la República demuestra que quienes han sufrido los estragos de la violencia, para él siguen siendo únicamente daños colaterales.

Lo hecho por Calderón es un acto de desprecio y una falta a su palabra, y un hombre que falta a su palabra no vale nada. Con esto está haciéndonos perder la confianza, y está pasando por encima de la Constitución. Hemos pasado muchas cosas, para que el señor Presidente traicione su palabra y vuelva a lanzar una capa de desprecio, lodo e indiferencia a las víctimas, enfatizó.

Para Sicilia, el freno a la ley deja patente la lejanía absoluta entre la clase política y la realidad del país, y la escasa importancia que le da el gobierno a quienes han sufrido algún agravio. No hay recursos para las víctimas, pero sí para la guerra y para las elecciones. Por eso le digo al Presidente que no traicione su palabra, porque ya ha traicionado demasiado a este país.

El pasado ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza señaló por su parte que el decreto de la ley estuvo secuestrado durante 20 días por la Secretaría de Gobernación y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Óscar Arce Paniagua, para facilitar que el gobierno hiciera observaciones fuera de tiempo, y por motivos electorales.

El activista recordó que la minuta de la nueva legislación fue aprobada por unanimidad en San Lázaro el 30 de abril, y el titular del Ejecutivo tenía 30 días para hacerle observaciones. Al no ocurrir lo anterior, estaba obligado a promulgar la ley en 10 días más, plazo que venció el 19 de junio.

Como el Presidente no cumplió con dicho trámite, se dejaron pasar otros 10 días, después de los cuales el Senado envió directamente a la Secretaría de Gobernación la orden de que publicara la ley en el Diario Oficial de la Federación, como lo establece el artículo 72 constitucional, fracción B, para evitar el llamado veto de bolsillo.

Sin embargo, explicó Álvarez Icaza, el mismo día en que Gobernación recibió el proyecto de ley –el 10 de mayo–, fuera de todo procedimiento institucional, el diputado Luis Eduardo Espinosa, secretario técnico de la mesa directiva, pidió que le regresaran la ley, y con una agilidad increíble, el titular de enlace legislativo, Marco Antonio Hernández Legaspi, lo hizo.

De esta manera, el documento estuvo perdido durante tres semanas, hasta que el legislador José Ramón Martell redactó un punto de acuerdo para saber qué había pasado con él. Por tal motivo, el gobierno federal considera que el periodo para observar la ley no corre a partir del 10 de mayo, sino del primero de junio.

Además, las objeciones de Calderón a la nueva ley tuvieron un claro sesgo electoral, ya que fueron dadas a conocer el primero de julio a las 8:26 de la noche, es decir, cuando el Presidente ya sabía que la candidata de su partido, Josefina Vázquez Mota, había perdido los comicios, y por ende el costo político de su veto era menor.

Hay un manejo de los tiempos con un perverso uso electoral. Es una burla al dolor y las demandas de las víctimas, y ahora sólo procede que el Ejecutivo publique la ley, porque si no, sería una flagrante violación constitucional, indicó Álvarez Icaza, quien dijo confiar en que el Senado ignorará el veto del mandatario y promulgará la legislación.

Araceli Rodríguez, madre de un agente de la Policía Federal desaparecido en Michoacán en 2009, lamentó que el veto presidencial haga que el corazón de las víctimas se vuelva a llenar nuevamente de un dolor inmenso, y exigió que la ley sea promulgada sin mayor demora.