En las elecciones del pasado 1° de julio hubo diversas irregularidades, como compra y coacción del voto –prácticas que influyeron en 30 por ciento de los sufragios–, intimidación de funcionarios de casilla, violación al secreto del voto y rebase de topes de campaña, las cuales, en conjunto, podrían dar lugar a la invalidación de los comicios, afirmó la organización Alianza Cívica en un informe.

El documento, elaborado con datos de 21 entidades de la República –con excepción de las que presentaban condiciones de alta conflictividad, donde se pusiera en riesgo a los encuestadores– reveló que 96 por ciento de las mesas de votación fueron integradas de acuerdo con lo establecido por la ley, es decir, con ciudadanos capacitados debidamente para tales efectos.

Sin embargo, a pesar de que el Instituto Federal Electoral (IFE) estableció que los partidos sólo podrían contar con un máximo de dos representantes dentro de la casilla, los observadores de Alianza Cívica notaron la presencia de las llamadas mareas, es decir, grupos de personas vinculadas a alguna formación política que se colocaban atrás de los funcionarios de casilla de manera intimidatoria.

Por otra parte, en el documento se señaló que en 21 por ciento de los centros de votación –sobre todo en los estados de México, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa– los ciudadanos no pudieron sufragar en secreto, ya que fueron acompañados hasta la urna por niños que vigilaban el sentido de su voto, llamados halconcitos, como los que utilizan los grupos de la delincuencia organizada con fines de espionaje.

Además, afuera de dichas casillas había personas con listas de votantes –diferentes a los listados nominales de electores– que iban palomeando a los asistentes al lugar o que hablaban en la fila con los ciudadanos para realizar alguna forma de presión sobre ellos.

En 71 por ciento de los casos dicho acto fue en favor del PRI, 17 por ciento para el PAN, nueve por ciento para el PRD y dos por ciento para el Panal.

Asimismo, el informe indicó que en 14 por ciento de las casillas hubo acarreo de votantes; 18 por ciento de electores dijeron conocer a alguien que fue presionado para sufragar, y 14 por ciento de personas encuestadas recibieron ofertas económicas de algún tipo para beneficiar a determinado partido.

Alianza Cívica subrayó que el dinero de las campañas políticas es determinante en los resultados electorales, y prueba de ello son los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que muestran una correlación clarísima con respecto al financiamiento de recursos públicos al que accedió cada partido o coalición.

Finalmente, en el reporte, Alianza Cívica aseveró que la compra y coacción de votos aumentó en los comicios de 2009 y 2012, pero el resultado es difícil de cuantificar, y tanto el IFE como las demás autoridades electorales resultaron insuficientes e ineficientes para (resolver) tan grave problema.

Por lo anterior, el organismo responsable del informe anunció que propondrá reducir el financiamiento de los partidos y prohibir a dichos institutos que promuevan sus campaña mediante el reparto de despensas, regalos o tarjetas de prepago, pues de esa manera se incentiva la compra y coacción del voto.