La suspensión definitiva de la construcción de la supervía poniente está en manos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), cuyo fallo se emitirá a más tardar en tres meses, aseguró el quinto visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis Jiménez Bueno, durante el Foro Medio Ambiente y Derechos Humanos.

Agregó que para la CDHDF la recomendación 1/2011 hecha al gobierno de la ciudad no fue aceptada, pues no se ha suspendido la obra y no se ha realizado una consulta pública.

Recordó que la postura del Gobierno del Distrito Federal fue la de no suspender la obra por ninguna causa. Sin embargo, dijo, esta es la parte medular para aceptar la recomendación, porque se construye sin haber realizado la consulta pública en los términos que prevé la norma.

Es sabido que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió una sentencia en diciembre del año pasado, la cual señala, a manera de conclusión, lo mismo a lo que llegamos en la comisión, es decir, que se omitió llevar a cabo esa consulta pública.

Ante ello, Jiménez Bueno explicó que el Gobierno del Distrito Federal promovió un recurso de apelación ante la sala superior y ahí se decidirá si hay luz verde para proseguir con el cumplimiento de la ejecución de esta sentencia de primera instancia.

Pero aquí lo importante es que en su primera instancia el tribunal coincidió con nuestra postura de que se había violado la ley, explicó.

Sin embargo, puntualizó que lo único que le queda a la CDHDF es reiterar su recomendación, lo que hizo de manera argumentada.

También, agregó, han acudido a la Asamblea Legislativa, porque en términos de ley es la instancia facultada para citar a los funcionarios que no han aceptado la recomendación y para que expongan los motivos y fundamentos de su postura.

La comisión ya hizo lo que legalmente podía hacer en los distintos momentos y oportunamente, finalizó.