Un juzgado federal en materia de amparo concedió al general de división, Tomás Ángeles Dauahare, arraigado por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, una suspensión provisional para el efecto de que la Procuraduría General de la República (PGR) desahogue una serie de pruebas que favorecerían al militar, antes de que la fiscalía federal concluya la integración de la averiguación previa, informó este domingo Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado del divisionario.

En entrevista con La Jornada, el penalista precisó que el general se desistió de una queja que presentó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero únicamente por lo que hace a supuestos actos de incomunicación y tortura que denunció originalmente, aunque la queja persiste por presuntas violaciones a sus garantías de defensa, debido proceso y de presunción de inocencia.

Dos días atrás, la titular de la PGR, Marisela Morales, afirmó en Guatemala que en breve se definirá la situación jurídica de dos generales que están en arraigo por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Durante la segunda Consulta Técnica para Desarrollar el Esquema Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, Morales aseguró que en el arraigo del general Ángeles se han respetado sus garantías fundamentales.

Según el penalista Sánchez Reyes Ratana, la nueva indagatoria que inició la PGR en contra del divisionario está relacionada con una nueva denuncia anónima que acusa al general Ángeles de haber fomentado las drogas al menudeo en el Heroico Colegio Militar, cuando fue director de 2000 a 2002, acusación que su defensa tilda de inverosímil y mentirosa.

Esa indagatoria se agrega a la averiguación UEIDCS/112/20-10, por la cual están arraigados los generales Ángeles, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y el teniente coronel Silvio Hernández Soto.