l proceso electoral que habría debido culminar ayer con resultados confiables y un ganador inobjetable de la contienda presidencial se encuentra, en cambio, en un preocupante compás de espera y se ha visto contaminado por malas conductas institucionales, civiles y mediáticas.

De entrada, la elección fue precedida por una parcialidad tan pronunciada de los medios –especialmente, de los electrónicos–, que derivó en la fabricación de una candidatura presidencial con base en el desmesurado poder de la pantalla televisiva sobre la opinión pública. Tal proceso no se limitó a la aplicación, para efectos políticos, de la mercadotecnia y la publicidad comercial tradicionales, sino incluyó campañas de descalificación y distorsión contra eventuales competidores del aspirante priísta, así como una manifiesta inequidad informativa muy semejante a un bloqueo. Otra vertiente de esa construcción de la candidatura de Enrique Peña Nieto fue la elaboración de cientos o miles de encuestas a todas luces divorciadas de la realidad.

Ya en la fase de las campañas electorales propiamente dichas, el Partido Revolucionario Institucional recurrió a su arsenal de maniobras tradicionales de manipulación y distorsión electoral: la compra y coacción de votos, el amedrentamiento y la agresión a simpatizantes de otros institutos y fórmulas políticas, así como un derroche aplastante de dinero en publicidad, logística y reparto de bienes o efectivo a cambio de voluntades ciudadanas. Ante tales prácticas indeseables y delictivas, tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se comportaron con una tolerancia cercana a la omisión de sus facultades y obligaciones legales.

En la jornada del domingo proliferaron las denuncias de irregularidades –las más reiteradas se refirieron a la compra de votos, pero también las hubo por robos con violencia de urnas, así como por agresiones contra ciudadanos de fórmulas distintas a la que encabeza Peña Nieto y por manipulación indebida de papelería electoral por presuntos operadores priístas–; sin embargo, tanto los altos funcionarios electorales y judiciales como los portavoces de los medios informativos se empeñaron en retratar unos comicios limpios y apacibles.

Sin ser una cosa ni la otra, la elección tuvo, empero, una notable virtud: la alta participación ciudadana y el resurgimiento de un interés cívico que restableció el vínculo con las urnas –y con la política en general– de grandes sectores de la ciudadanía. La expresión más notable de ese fenómeno positivo es el surgimiento –al calor de las campañas– del movimiento estudiantil y juvenil #YoSoy132, el cual tuvo por elemento articulador un vasto malestar ante las miserias de un régimen político en el que participan, sin atribuciones legales, poderes fácticos como el de los medios electrónicos y, a estas alturas, de las casas encuestadoras que parecen más preocupadas por inducir tendencias electorales que por retratarlas.

Al fin de la jornada, cuando el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) llevaba computadas menos de 10 por ciento de las casillas, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, salió a anunciar en cadena nacional los resultados de un sondeo rápido que difieren notablemente de los números del PREP, pero que convergen con los de las encuestas más impugnadas por la opinión pública. Inmediatamente después, el aún titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, hizo uso del enlace nacional para proclamar el triunfo de Peña Nieto. Todo ello con el telón de fondo de medios informativos que no vacilaron en proclamar vencedor al aspirante priísta, el cual, posteriormente, pronunció un discurso de presidente electo, sin serlo.

Estos desfiguros institucionales e informativos resultan lamentables en la medida en que vician el proceso electoral e introducen en él factores de incertidumbre y hasta de sospecha. En un escenario competido, en efecto, proclamar ganadores cuando no se tienen resultados constituye una temeridad y puede dañar de manera irreparable a la elección en su conjunto.

Por su parte, el candidato presidencial de las izquierdas anunció que esperaría al recuento total de los votos para asumir una posición y llamó a la calma y a la civilidad a sus seguidores. No podrá achacársele, en consecuencia, la paternidad de una incertidumbre electoral que se gestó, en cambio, en el sistemático manipuleo televisivo, en la sostenida intromisión de la administración calderonista, en la pusilanimidad de las autoridades electorales y en la aplicación de las tradicionales malas artes comiciales del Revolucionario Institucional.

Lo cierto es que se ha vuelto a colocar al país en un escenario de falta de credibilidad que podría derivar en circunstancias ingobernables o en seis años más de un gobierno privado de legitimidad. Cabe esperar que ninguna de esas perspectivas se concrete y que, por el contrario, el cómputo total de los sufragios y la rápida resolución de las impugnaciones dé certeza sobre el sentido del veredicto popular emitido ayer en las urnas.