Recientes encuestas muestran que en México existe un déficit en la disposición a cumplir las reglas, incluidas las electorales. Así, los datos revelan que 71 por ciento de los mexicanos consideran posible un fraude electoral.

En vísperas de la jornada electoral, académicos y especialistas participaron en el seminario La elección presidencial 2012: instituciones, valores democráticos y responsabilidad de los actores, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde sostuvieron que la adopción de normas no garantiza la consolidación de la democracia; por ello, todos los actores implicados en los comicios deben asumir su responsabilidad, en particular la ciudadanía.

La consejera del IFE María Marván indicó que, si bien se conocen las obligaciones de las instituciones en los procesos electorales, se ha descuidado hablar de las obligaciones ciudadanas: conocer, informarse y elegir libremente al candidato de su preferencia.

Aseveró que en el país la cultura cívica presenta un déficit de confianza: de acuerdo con la más reciente encuesta de Latinbarómetro, 62 por ciento de los mexicanos creen que no se respeta la ley, y el mismo porcentaje piensa que esto se da porque no hay sanciones a quienes la vulneran; 55 por ciento tienen poca confianza en los jueces, y 71 por ciento consideran posible el fraude electoral.

Destacó que la incertidumbre en las elecciones es un elemento inherente a la democracia, así como lo es la aceptación de los resultados. Los ciudadanos deben ser conscientes de que su candidato puede ganar, pero también perder. Agregó que la legitimidad del proceso electoral depende de las actitudes de los aspirantes respecto de reglas, principios, valores y resultados.

Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), aseveró que además de partidos, actores e instituciones, hay tres sectores cuya responsabilidad es fundamental para la democracia: medios de comunicación, intelectuales y ciudadanos.

La única manera de atajar la percepción de que puedan presentarse conflictos poselectorales es que todos los actores asuman su responsabilidad compartida, lo que implica informar y transparentar al máximo, buscar y analizar la información con la que se cuenta, dijo.

Los medios de comunicación son responsables de difundir información completa, veraz, objetiva y oportuna. Sólo así la gente puede formar opiniones y tomar decisiones. Las posturas de intelectuales y académicos tienen gran influencia sobre el imaginario colectivo, por lo que no pueden ser ajenas a la búsqueda de la verdad ni al impacto que generan, añadió.

Expuso que los ciudadanos son los actores más importantes de una elección democrática, por su dimensión numérica y porque si se asumen como sujetos activos del quehacer público cobran una incidencia que puede ir más allá de su carácter de elector.

Sin embargo, reconoció que las cifras de participación en recientes procesos electorales no revelan un impacto favorable. En la elección presidencial de 1994 se ubicó en 75 por ciento, en 2000 bajó a 64 y en 2006 a 58.55 por ciento.

Hubo un descenso que se puede explicar por la escasa satisfacción que el arribo de la democracia y la consecuente alternancia han tenido entre la población, que depositó muy altas expectativas en el proceso de transición, alertó.

Durante el foro se dio a conocer que durante la actual campaña electoral se transmitieron en radio y televisión 44 millones de espots. Al respecto, Diego Valadés, investigador del IIJ, recordó que un grupo de intelectuales envió hace unos meses una misiva al Senado solicitando la modificación legislativa en este tema, a fin de que se diera otro sentido a este tipo de propaganda y reducirla. Sin embargo, dijo, fueron los presidentes de los partidos políticos quienes no acogieron esa iniciativa.