El próximo 17 de julio, el gobierno mexicano deberá comparecer ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Cedaw, por sus siglas en inglés), para explicar sus avances en el caso de las 26 mujeres que fueron agredidas sexualmente por la policía en mayo de 2006 en San Salvador Atenco.

De este examen, las autoridades nacionales seguramente saldrán reprobadas, ya que a lo largo de seis años no han hecho prácticamente nada para que las víctimas tengan acceso a la justicia, afirmó Jacqueline Sáenz, miembro del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

“Atenco es uno de los pendientes más grandes del gobierno en materia de derechos humanos, en particular lo que se refiere a las mujeres que fueron agredidas sexualmente por la policía. La Cedaw examinó al país en 2006 por este caso, y ahora lo va a retomar –lo cual no es muy frecuente–, porque representa la impunidad y la grave violencia institucional que existe en el país”, explicó la activista en charla con La Jornada.

Una de las recomendaciones formuladas hace seis años por Naciones Unidas era que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) asumiera la investigación del asunto para identificar y castigar a los responsables de los delitos contra las mujeres de Atenco, pero el fracaso de la institución quedó en evidencia al no lograr dicha tarea, dijo.

“Desde julio de 2009 se cerraron las investigaciones a nivel federal, pese a que se constataba la tortura sexual y se daba un listado con el nombre de 35 policías del estado de México. La Fevimtra –dependiente de la Procuraduría General de la República– dedica menos de 10 por ciento de sus recursos a las investigaciones y su porcentaje de efectividad es muy bajo, porque sólo 5 por ciento de sus averiguaciones previas terminan en una consignación”, deploró.

La audiencia ante la Cedaw, a realizarse en Nueva York, será para el Estado mexicano una especie de examen del cual seguramente saldrá reprobado, vaticinó la activista. Nos parece importante qué va a responder el gobierno ante señalamientos muy serios, porque siempre trata de justificar su ineficiencia diciendo cuántas capacitaciones ha dado o cuántas instituciones ha creado, pero lo que necesitamos son resultados.

Aunque las autoridades actuales están obligadas a contestar las observaciones que puedan recibir en este asunto, Sáenz consideró que la violencia contra las mujeres y otras violaciones de derechos humanos no serán atendidas por esta administración, y por lo tanto quedarán como pendiente para el nuevo gobierno.