l inédito atentado de ayer en contra de las instalaciones de la televisora oficialista de Siria, Al Ijbariya –con un saldo de siete muertos–, los cruentos combates que han ocurrido en horas recientes entre las tropas oficialistas y las milicias rebeldes a las afueras de Damasco y el reciente reconocimiento por el presidente Bashar Assad de que su país enfrenta un estado de guerra, y de que centrará todos los esfuerzos de su gobierno en ganarla, parecen los primeros estertores de un régimen asediado por la ofensiva rebelde –alentada y armada desde el extranjero– y por la presión internacional, y hacen pensar que el conflicto que se vive en la nación árabe ha alcanzado un punto de no retorno.

La circunstancia vivida en horas recientes en territorio sirio da cuenta del inocultable fracaso de las gestiones realizadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por su enviado especial, Kofi Annan, con el fin de lograr un alto al fuego en la ensangrentada nación árabe. La razón fundamental de ese fracaso es, además de la intransigencia y la barbarie de los bandos en pugna, la abierta intromisión de las potencias occidentales en el conflicto en favor de los opositores al gobierno de Damasco, y la parcialidad de la propia ONU, que no pudo o no quiso desmarcarse de la aventura desestabilizadora emprendida por Washington y Bruselas.

A estas alturas, cuando prácticamente se ha cancelado la perspectiva de una solución negociada y, sobre todo, soberana en el conflicto sirio –como habría sido deseable–, y cuando cobra fuerza la posibilidad de que en ese país se dé un escenario similar al que se vivió en Libia –con el derrocamiento violento de Muamar Kadafi y la posterior ola de violencia tribal en ese país norafricano–, es necesario que los gobiernos del mundo centren sus esfuerzos en evitar un derramamiento de sangre mayor al que se ha dado ya en Siria, y que demanden el respeto y la observancia de todos los involucrados a las reglas mínimas que deben imperar en los conflictos armados en cuanto al trato de civiles, grupos vulnerables y prisioneros.

Semejante rumbo de acción es procedente y necesario: sin desconocer la barbarie a la que han recurrido las fuerzas oficiales en Siria, el bando rebelde al gobierno de Assad también ha incurrido en atrocidades graves –según ha reconocido la propia ONU–, y la evidencia histórica sugiere que los derrocamientos de regímenes de fuerzas rebeldes suelen estar acompañados de venganzas políticas y personales del bando vencedor, por la multiplicación de la violencia entre distintas facciones y, en general, por la continuidad en el sufrimiento de la población indefensa.

Si la comunidad internacional fue incapaz de contribuir a construir una solución pacífica para el conflicto sirio, lo menos que puede pedirse es que emplee los recursos a su alcance para ayudar a que el escenario que parece configurarse en ese país árabe sea lo menos doloroso y sangriento posible. Por su parte, las sociedades deben rechazar tajantemente la participación actual y futura de sus gobiernos en aventuras intervencionistas y desestabilizadoras, como la que ha ensangrentado a Siria durante los meses pasados.