os caras de la misma moneda: por un lado, el triunfal discurso del calderonato que entre sus logros presume un gran avance en materia de recaudación fiscal; por el otro, la alegre cuan voluminosa condonación y/o devolución de impuestos para los amigos y protegidos del régimen, amén de la defensa y mantenimiento de los regímenes tributarios especiales, que a la nación le cuesta una multimillonaria cantidad todos los años. Resultado: México se mantiene en los últimos lugares latinoamericanos en lo que a recaudación fiscal se refiere, aunque destaca en el ámbito del rembolso de impuestos.

Que no se trate de un causante de a pie, porque al primer retraso que registre en el pago de sus obligaciones fiscales, el SAT lo ametralla con recordatorios y exhortos para que de inmediato cubra lo que debe, algo diametralmente distinto al fino y atento trato que brinda a los grandes contribuyentes, a quienes no sólo les regresa multimillonarias cantidades de impuestos, sino que les concede la cancelación de voluminosos adeudos sin que nadie tenga la posibilidad de conocer a quiénes se les corrió la cortesía.

En este último contexto, se mantiene el jaloneo entre la defensa a ultranza que el SAT hace de los beneficiarios de una cancelación fiscal cercana a 74 mil millones de pesos y el amparo presentado por una ciudadana, por medio del cual solicita al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la entrega de los nombres de los favorecidos por tal decisión. Resulta que “el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició (el martes pasado) la discusión de seis asuntos en los que está de por medio el alcance del principio de ‘máxima publicidad’ y transparencia de la información pública y la ‘opacidad’ en el manejo de la información gubernamental (La Jornada, Jesús Aranda)”. Entre los casos a revisar está el del citado amparo.

Se espera que, tras la discusión, la SCJN defina criterios sobre las obligaciones que tienen las autoridades para entregar información pública. “En su proyecto de dictamen, el ministro ponente, Arturo Zaldívar, retoma los argumentos esgrimidos por la juez de distrito Ana Paula García Villegas al revisar en primera instancia el amparo que dictaminará la Corte, quien argumentó que ‘no es posible decir que, al proporcionar la información respecto de créditos fiscales cancelados se perjudica el interés público’, sino que, por el contrario, ‘se protege ese interés, pues sólo así la ciudadanía puede verificar y tener plena certeza de que las cancelaciones de créditos fiscales no se realizan de manera arbitraria, sino que respetan el principio de legalidad’ con reglas claras y específicas (ídem)”.

De acuerdo con informes de la Cámara de Diputados, de 2007 a 2011 el aumento nominal en la captación de impuestos se aproximó a 160 mil millones de pesos. En 2007, el SAT, unilateralmente, canceló impuestos por casi 74 mil millones, de tal suerte que de un plumazo y en una sola operación el gobierno calderonista se comió más de 46 por ciento de ese incremento quinquenal en la recaudación fiscal, pero, según la autoridad recaudatoria, los mexicanos que sí pagan impuestos no tienen derecho a saber quiénes fueron los beneficiados y por qué. Este asunto ha ido creciendo (han intervenido el IFAI, los tribunales y ahora la SCJN), pero el SAT se mantiene en la defensa de los citados beneficiarios como si fuera su representante.

Mientras el SAT cobra impuestos para después devolverlos a grupos selectos, a quienes defiende a capa y espada, la Cámara de Diputados hizo un recuento sobre la captación fiscal en el periodo 2007-2011, y sobre el particular abunda que los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron 12.6 por ciento en términos reales, lo que significó un incremento de 0.7 por ciento como proporción del producto interno bruto, al pasar de 9.3 por ciento en 2007 a 10 por ciento en 2011. Pero no todo es atribuible a una eventual eficiencia de la autoridad recaudadora, sino, más bien, al establecimiento de nuevos impuestos (como IETU e IDE y el aplicable a gasolina, independiente de los aumentos mensuales en el precio) y el incremento de la tasa gravable de otros (IVA de 15 a 16 por ciento, e ISR de 28 a 30 por ciento)

De acuerdo con las cifras de la Cámara de Diputados, tal incremento, en líquido, equivalió a 160 mil millones de pesos entre un año y otro. Como referencia, en el mismo periodo el costo de la nómina burocrática aumentó en más de 300 mil millones de pesos, de tal suerte que los mexicanos ya saben para qué sirven sus impuestos: para condonarlos o regresarlos a los amigos del régimen, y para pagar al dorado ejército de servidores públicos.

En promedio, apunta el análisis de San Lázaro, de 2007 a 2011 la participación de los ingresos tributarios no petroleros respecto del total de ingresos presupuestarios representó 42.5 por ciento del total. Sin embargo, los ingresos petroleros significaron 33.9 por ciento, con lo que las finanzas públicas “continuarán vulnerables al sustentar el gasto público –en una tercera parte– con recursos altamente volátiles como son los energéticos”. Al desmenuzar los ingresos tributarios no petroleros, el ISR fue el principal impuesto al aportar, en promedio, 48.8 por ciento de la recaudación, en tanto el IVA representó 37.7 por ciento.

En el periodo 2007-2011, las reformas en materia tributaria se tradujeron en cinco nuevos impuestos, más los incrementos en las tasas de nueve existentes. En lo que respecta a los impuestos especiales, las modificaciones al IEPS no petrolero se orientaron a incrementar las tasas impositivas así como la adición de nuevos gravámenes, con lo que dichas modificaciones pretendían cumplir con fines extra fiscales, es decir, inhibir el consumo de los bienes gravados por el IEPS. Sin embargo, apunta la Cámara de Diputados, al final del día resulta cuestionable su eficacia debido a que no existen indicadores que permitan evaluar si se cumplen o no los fines de los impuestos especiales. Por lo anterior, las modificaciones al sistema tributario mexicano en el periodo 2007-2011 no han sido suficientes para hacer frente a las necesidades crecientes del gasto público, lo que ha implicado que los ingresos petroleros continúen sustentando gran parte de las finanzas públicas. Por lo que resulta necesario que en el corto plazo se defina el rumbo de la política tributaria a fin de fortalecer los ingresos derivados por impuestos bajo principios de proporcionalidad y equidad.

Las rebanadas del pastel:

Qué lástima: se acabaron las campañas, y ahora viene la encuesta definitiva. El domingo, a votar.

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