La aprobación de la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas es un paso adelante para garantizar la integridad de quienes ejercen dichas profesiones, pero no servirá de nada si no se instrumenta de manera eficaz su reglamento, ni se le otorgan los recursos económicos necesarios y, sobre todo, no se realizan investigaciones profundas sobre los autores de las amenazas y los ataques contra ambos gremios, señalaron miembros de organizaciones sociales.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, saludó que la nueva legislación contemple medidas de protección inmediata para los activistas que lo requieran, aunque subrayó que uno de los retos principales de dicho mecanismo será incorporar a funcionarios sensibles con las necesidades de defensores y periodistas.

Hay mucha desconfianza ante las autoridades, porque ellas no le creen a los activistas, los cuestionan o piensan que las amenazas son por motivos ajenos a su trabajo. El quid del asunto también va a ser la coordinación entre el gobierno federal y los de los estados, porque cuando ha habido necesidad de poner en práctica alguna medida, ha sido un calvario para que se pongan de acuerdo, lamentó.

Además, el otro punto delicado será la investigación, porque para obtener resultados, tendrán que transformar las procuradurías y los tribunales. Puede haber pasos en cuanto a medidas de protección, pero ninguna para romper el ciclo de impunidad en el país.

Evitar el uso político

Cortez llamó a estar atentos de la cantidad de recursos económicos que se le otorguen al mecanismo encargado de cumplir la nueva ley, y a evitar el uso político del tema, porque Felipe Calderón lleva un año presumiendo en foros internacionales un mecanismo que apenas va a empezar a existir. El riesgo es que se use sólo para guardar las apariencias.

Por su parte, David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, advirtió que existe la posibilidad de que los encargados del mecanismo de protección no estén especializados en el tema y no entiendan los peligros de ambas profesiones, y guíen su actuación por criterios partidistas o de afinidades personales.

En otros lugares estas leyes se han utilizado para espiar a las víctimas, por eso hay que estar muy vigilantes para prevenir asesinatos o ataques. También la parte del presupuesto es muy importante, porque luego hay recursos muy limitados y así no se pude dar protección efectiva, subrayó.