Durango, Dgo., 22 de junio. Unos 10 jóvenes del movimiento #YoSoy132 entraron al auditorio donde Vicente Fox daba una conferencia, se pararon frente al ex presidente y se quitaron las camisas para mostrar las camisetas con la leyenda de Traidor a la democracia, escrita en la parte de la espalda. Algunos los aplaudieron, otros los abuchearon y el guanajuatense les pidió que le hicieran alguna pregunta. Uno de los jóvenes le cuestionó por qué buscaba el retroceso de México al apoyar a Enrique Peña Nieto, ¿no cree que se está equivocando?, le dijo. Si me equivoco yo, nos equivocaremos alrededor de 30 millones de mexicanos, y entonces todos mereceremos un coscorrón, respondió. El movimiento, dijo Fox, ha crecido, pero para legitimizarse se requiere que el 2 de julio reconozcan el triunfo del ganador.

Aguascalientes, Ags. Antonio Arámbula López, coordinador estatal de la campaña de Josefina Vázquez Mota, denunció que el gobierno de la entidad intimida a personas que en las fachadas de sus viviendas o empresas colocan propaganda de candidatos distintos a los del PRI, por lo que, acusó, prepara una elección de Estado. En rueda de prensa, el diputado federal puso de ejemplo el caso de una empresa asentada en el municipio de San Francisco de los Romo –cuyo nombre no proporcionó–, la cual fue clausurada por agentes de la Policía Ministerial del estado, porque en uno de sus muros tenía una lona y calcomanías con propaganda de Vázquez Mota. El propietario debió abrir la bodega para mostrar que no había despensas que entregaría el primero de julio, lo cual, subrayó Arámbula, fue un acto de intimidación.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guanajuato creó una estructura piramidal, a cuyos integrantes paga entre 500 y 17 mil 500 pesos –según el número de personas que reúnan– para comprar votos y movilizar a los electores durante los comicios del primero de julio, denunció el presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional (PAN), Gerardo Trujillo Flores.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un pronunciamiento en torno a la destitución del Presidente de la República de Paraguay, Fernando Lugo Méndez. La dependencia federal consideró que el procedimiento a que fue sometido el mandatario no otorgó los espacios y tiempos para la debida defensa, como lo requería la trascendencia de la decisión que condujo a la remoción de su cargo. Sin embargo, reconoció que el proceso de juicio político se desa- rrolló siguiendo el procedimiento establecido en el texto constitucional paraguayo.