os cumbres mundiales en el lapso de una semana: la llamada cumbre de líderes del Grupo de los Veinte (G-20), efectuada del 18 al 19 de junio en Los Cabos, Baja California, y la Cumbre de la Tierra 2012 (Río +20), el 20 y 22 de junio en Río de Janeiro, Brasil, nos plantean enormes retos para la reflexión y la acción desde el enfoque de derechos humanos. Para quienes promovemos y defendemos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, es inaceptable que se discutan y tomen decisiones globales sobre las crisis que padecemos, el crecimiento económico que necesitamos y el desarrollo sustentable que nos urge, al margen de los derechos de personas, pueblos y comunidades.

La estabilidad financiera que se privilegia en el G-20 no es suficiente. Es fundamental modificar el rumbo de la economía productiva, y ponerla al servicio del empleo decente, la inclusión, la cohesión social y el desarrollo reconocido como un derecho. En otras palabras, abandonar el modelo que en 30 años ha mostrado su ineficacia. El Informe Social Watch 2012, Desarrollo sustentable: el derecho a un futuro, cuyo lanzamiento mundial se llevó a cabo precisamente en Río de Janeiro esta semana, afirma: Se necesita un cambio radical de este sistema económico que sigue produciendo marcadas desigualdades económicas y sociales en todo el mundo.

Además, es decisivo introducir mecanismos de regulación y control gestionados democráticamente, capaces de fomentar y proteger los derechos humanos en lugar de los privilegios de las empresas (p. 28). En el capítulo sobre México –coordinado por Equipo Pueblo, punto focal de Social Watch en nuestro país, y la coalición de organizaciones civiles mexicanas Espacio DESC–, el informe subraya el camino insustentable por el que transitamos, con megaproyectos de diversa índole y políticas ambiental y socialmente irresponsables, ajenas a un enfoque integral de derechos humanos (pp. 142 y 143).

Las cumbres G-20 y Río +20 no cuestionaron el modelo de desarrollo actual. Tampoco las políticas, programas y proyectos implementados en ese marco. No abordaron por tanto las causas estructurales de los problemas que enfrentamos las sociedades y el planeta entero. Por el contrario, como lo alertaron cientos de organizaciones civiles, sociales y redes, en las cumbres de los Pueblos que se desarrollaron previa y paralelamente a los eventos oficiales de Los Cabos y Río, los gobiernos no sólo reivindicaron el modelo, sino que delinearon medidas que incrementarán el poder del capital trasnacional y especulativo, a costa de la naturaleza y de los derechos de los pueblos.

Al respecto, la Red Nuestro Mundo no está en Venta (OWINFS, por sus siglas en inglés) dio a conocer también esta semana un llamado a proteger los bienes comunes, ¡no los bancos!, en el que señala que ambas cumbres refuerzan un modelo de desarrollo basado en la privatización de los bienes comunes, el parasitismo financiero sobre la economía real y la profundización del esquema de libre comercio e inversiones. Pese a las enormes diferencias de legitimidad, por ser la del G-20 un espacio informal, y la de Río +20 una reunión de las Naciones Unidas, las dos cumbres fueron vistas como espacios para legitimar el creciente control corporativo sobre los bienes comunes, particularmente en lo tocante al tema del llamado crecimiento o economía verde. Sólo el discurso y el escenario de Los Cabos fueron verdes. En la declaración final de la Cumbre de los Pueblos contra el G-20, impulsada por la Coalición Mexicana y Sudcaliforniana, y por otras organizaciones sociales, movimientos y redes de alrededor de 30 países, se denuncia que el G-20 muestra la alianza entre las elites tecnocráticas/políticas globales con el poder corporativo multinacional.

Una alianza en la que los estados, convertidos en guardianes de la competencia comercial y de los derechos de los inversionistas, olvidan su papel de garantes de derechos de la ciudadanía y de las comunidades. La declaración equipara esta alianza con una especie de privatización del Estado, en el que las corporaciones mundiales toman decisiones que nos afectan a todas y todos. Y denuncia que ante la lucha de los pueblos por sus derechos, la respuesta es la criminalización de la protesta social. Acerca de esto, podríamos dar numerosos ejemplos de cómo en México y otros países, las personas y comunidades –que exigen ser informadas y consultadas sobre la implementación de determinadas políticas y proyectos; defienden a la naturaleza y las comunidades del despojo, la sobrexplotación y la destrucción, y se oponen y resisten frente a la imposición de megaproyectos con alto costo ambiental y social– son finalmente hostigadas, reprimidas, criminalizadas, desaparecidas e incluso asesinadas.

Por eso y más, en el referido informe de Social Watch se insiste en que corresponde al Estado ser el principal impulsor de la sustentabilidad, fomentando una amplia alianza con la sociedad civil y el mundo de los negocios, para promover con decisión un modelo de desarrollo viable. Por ello resulta tan importante continuar enlazando los procesos, las luchas y las alternativas compartidas desde la sociedad civil esta semana en las Cumbres de los Pueblos de México y Brasil, en las que la demanda ha sido clara y unánime: la crisis multidimensional y global que vivimos exige un cambio profundo, un cambio de modelo, de sistema, que no puede ser solamente económico. Debe trascender a las formas de pensar y actuar, a nuestro modo de convivir entre las personas y con la naturaleza.