egún puede verse, el gazapo cometido por la Secretaría de Marina el pasado viernes, cuando capturó en Zapopan, Jalisco, a Félix Beltrán León y Kevin Daniel Beltrán Ríos, y presentó al primero como Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del líder del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán, podría tratarse de algo más que un simple error, bochornoso y lamentable por donde se mire. Según declaraciones del abogado defensor de los detenidos, éstos fueron interrogados –en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada– por elementos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), quienes les ofrecieron dejarlos libres después de las elecciones a cambio de que reconocieran ser familiares del narcotraficante sinaloense y los presionaron para inculpar a las personas que nosotros te digamos.

De ser ciertas, tales acusaciones no sólo revelarían las irregularidades cometidas al amparo de la política de seguridad del gobierno federal y su inexcusable déficit en materia de inteligencia; también pondrían en evidencia una abierta intromisión de autoridades estadunidenses en tareas de procuración de justicia en nuestro país, una lamentable abdicación del gobierno mexicano en esa materia y una impresentable vocación de autoridades de ambos países por enturbiar los procesos y las pesquisas judiciales en función de intereses políticos inconfesables.

Ayer, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) se vio obligada a reconocer el dislate cometido por la Marina, la dependencia determinó arraigar a los detenidos por 40 días con el fin llevar a cabo las investigaciones correspondientes por portación ilegal de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero, con independencia de los resultados que arrojen tales pesquisas judiciales, las condiciones irregulares que han privado en la detención de los inculpados –según testimonio realizado por la esposa de Beltrán León a La Jornada–, la atribución, intencional o no, de una identidad falsa a uno de ellos, y los impresentables ofrecimientos supuestamente formulados por la DEA hacen que pierdan credibilidad los otros elementos acusatorios esgrimidos por la PGR –el supuesto hallazgo de armas de fuego, granadas, y miles de dólares en efectivo en el lugar de la captura– y que la causa parezca, ante la opinión pública, como viciada de origen.

La circunstancia obliga a recordar el elevado porcentaje de supuestos delincuentes que, tras ser presentados con espectacularidad ante los medios de comunicación, son declarados inocentes por las autoridades judiciales, ya sea por el desaseo en la formulación de las imputaciones, porque éstas se revelan falsas en el curso del proceso o por corrupción o temor de jueces y magistrados. El triunfalismo de las cifras oficiales en materia de detenciones y consignaciones resulta infundado cuando se compara con la elevada proporción de inculpados –tres de cada cuatro– que han sido liberados por falta de pruebas o por deficiencias de la fiscalía.

Por lo demás, el gobierno federal se hace un flaco favor al responsabilizar a la agencia antidrogas estadunidense –la cual habría dado a la Marina los datos necesarios para las detenciones– por la identificación de Beltrán León como un hijo de El Chapo. Lejos de atenuar la falta cometida por las autoridades mexicanas, tal intento de deslinde la multiplica, pues exhibe a unas corporaciones de seguridad y de defensa nacionales actuando a ciegas, confiadas en datos filtrados por agencias extranjeras y sin capacidad o voluntad para corroborarlos por medio de sus propios aparatos de inteligencia.

El corolario insoslayable de las referidas detenciones y presentaciones es desolador: más allá del presumible oportunismo político-electoral en el empeño por presentar el operativo en Zapopan como un golpe mayor a la estructura criminal del cártel de Sinaloa, el hecho da cuenta de que la estrategia oficial de combate a la delincuencia se encuentra, a pocos meses del fin de esta administración, en una circunstancia idéntica a cuando se inició: sin rumbo; que ha sido el vehículo para una intromisión abierta de autoridades extranjeras en el país, y que se ha convertido, en suma, en el gran fracaso del sexenio.