Convertido en una de las principales preocupaciones para la elección, el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobará hoy un acuerdo para enfrentar la compra y coacción del voto a fin de reforzar su combate e inhibir su realización.

El consejero Alfredo Figueroa, presidente de las comisiones unidas de Organización y Capacitación Electoral, reconoce que la actual legislación es insuficiente, porque en gran parte su eficacia está sustentada en sorprender en flagrancia.

El acuerdo que se signará este jueves descalifica estas prácticas, enumera las sanciones y destaca que quedan prohibidos cualquier ejercicio que intente o pretenda violar el secreto del voto por medio de dispositivos electrónicos u otros medios y todo aquello que obligue o coaccione a la ciudadanía a revelar por cualquier medio el sentido del voto emitido.

Figueroa agregó que se explora “la forma de inhibir las presiones al elector, como las mareas de distintos colores; personas que se visten con el color del partido; servidores públicos que en la elección utilizan recursos públicos. Son prácticas que desafortunadamente no han desaparecido y que no son exclusivas de un partido político”.

Figueroa dijo que en estas prácticas el IFE deberá encabezar la indignación, no la negación de este fenómeno, porque no es algo que esté desterrado en la democracia mexicana, pues persisten los grupos que pretenden comprar o coaccionar la voluntad por dinero o mediante condicionamiento de programas sociales con recursos públicos.

El documento del IFE destaca la ilegalidad de prácticas cuyas sanciones van de 2 a 9 años de prisión por desviación de recursos públicos con fines electorales. Por supuesto que la legislación es insuficiente y es claro que la legislación vigente no es ni la más propicia ni la más eficaz, porque establece que la flagrancia es el elemento central para actuar en consecuencia.

–¿Es el mayor rezago en materia electoral?

–Tan rezagado como la falta de pluralidad en la información en medios de comunicación electrónica o equiparable al vacío que hay en torno a regular el artículo 134 constitucional (relativo a regir a los funcionarios públicos).

Aunque es una preocupación central del IFE, es un ámbito en el que tiene poca injerencia, pues es competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade). El documento advierte que las despensas, materiales de construcción o programas sociales son financiados con recursos públicos y en modo alguno pueden ser una condicionante del voto.

En torno a la reciente denuncia de Andrés Manuel López Obrador sobre el uso de teléfonos celulares, el consejero señaló: Si un ciudadano quiere revelar por quién sufragó, nadie lo puede presionar, ni tampoco se le puede someter a escrutios o cateos para ejercer su derecho.