Responsable de la parte operativa de los comicios, el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE), Edmundo Jacobo Molina, anticipa sobre la semana posterior a la elección, la más compleja del proceso: Si fuera el caso, abriríamos todos los paquetes; si ese escenario se presenta, por las diversas causales de ley nuestra obligación sería abrir todo. Tenemos un reto muy grande, porque los plazos son muy cortos, pero lo haremos.

Sin reforma legal en lo relativo a los cómputos distritales, y después de un complejo proceso jurídico para suplirlo vía reglamentos y acuerdos, el funcionario dice haber revisado puntualmente el guión de 2006 para aprender de lo que se hizo bien y corregir lo que se hizo mal, para adecuar la estructura del IFE y reforzar la capacitación a los funcionarios sobre el llenado de actas. Si en los cómputos se acreditan las diversas causales para abrir paquetes, se procederá en todos los casos, asegura.

En 2006 hubo problemas de comunicación

Se dice convencido de que en términos estrictamente organizativos, la elección de 2006 fue una de las que han tenido los mejores estándares de cumplimiento: casillas instaladas, funcionarios capacitados que cumplieron sus tareas, menor número de personal tomado de las filas, conteo rápido muy aproximado incluso al cómputo distrital. El problema fue de comunicación más que de operación; todos los indicadores de entonces son excelentes.

Advierte de otro tema complejo: las 43 empresas que han anunciado la realización de encuestas y conteos rápidos la noche de la elección. El crecimiento sustancial ha obligado a adoptar previsiones para garantizar que tengan soporte técnico para su realización, pues el Consejo General aprobará hoy un acuerdo para que las compañías se obliguen a entregar su metodología a mas tardar el lunes para que se haga público;  será un mecanismo inhibidor para que no haya dispersión de resultados y exista rigor en su levantamiento.

La difusión del conteo rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) coadyuvará a inhibir ejercicios sin sustento y se decantará a quien, por las razones que sean, difunda un resultado disparado, y en todo caso está en juego el prestigio de cada quien. La autorregulación de las propias encuestadoras será otro factor que contribuya a la certeza de la información esa noche.

Debemos acostumbrarnos a que hay más información y eso es mejor. En otro tiempo lo que peleábamos era información, porque no había más que una sola fuente que se repetía como espejo en todos lados; ahora estamos pasando a la apertura de los medios, lo que está bien, pero cada quien tiene que firmar el dato y hacerse responsable públicamente de ello.

En entrevista, Jacobo Molina desliza otros datos que diferencian el proceso actual del polémico 2006: si en ese año se dejaron rezagadas más de 700 quejas, ahora 75 por ciento de los recursos han sido resueltos. La política seguida es atenderlas (quejas) como se vayan presentando; aquí no se administran por cuestiones políticas, se atienden para dar certeza al proceso.

–¿Incluso las que cruzaron PRI y Movimiento Progresista sobre presuntas irregularidades financieras?

–En ese caso se hará pasado el proceso. Ya no podríamos ahora, porque estamos cerrando la elección. La próxima sesión será en periodo de veda electoral y no podemos sacar las quejas que prohíjen campañas políticas. Debemos ser cuidadosos.

–¿Se presentaron muchas quejas por la guerra sucia?

–No han sido tantas. Nos habíamos preparado para un escenario más complejo; afortunadamente este tipo de campaña no ha sido tan intensa y las decisiones al respecto se han tomado a tiempo y confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha definido criterios y frenos importantes. En  todo caso, en torno a la calumnia y la denigración, la verdad es que la sociedad es la que va a juzgar. Nosotros no hemos bajado muchos espots, más bien hemos caminado por la libre expresión.

La elección de 2009, primera tras la reforma electoral, preparó al IFE para temas como cómputo distrital e instrumentación del modelo de comunicación política que permitió superar la desigualdad que en acceso a radio y televisión hubo en 2006.

En 2009 se estrenó una relación muy compleja con los concesionarios y permisionarios. Para esta elección hemos entrado en un pacto de civilidad para sacar el proceso electoral de la mejor manera.