Senadores de PRD y PRI lamentaron que mientras el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio un paso adelante en materia de protección a indocumentados, en México no pueda echarse a andar la Ley de Migración, pendiente desde hace más de un año, porque el Ejecutivo federal no ha aprobado el reglamento respectivo.

Los perredistas Rubén Velázquez y Máximo García Zalvidea, y el senador del PRI, Carlos Jiménez Macías, hicieron notar que hace 13 días la Comisión Permanente formuló un llamado a la Secretaría de Gobernación, para que el presidente Felipe Calderón publique ya ese reglamento, debido a que el plazo se venció hace seis meses, pero no ha habido respuesta.

Es vergonzoso que aunque haya sido por motivos electorales el presidente Obama decidiera dejar de deportar a jóvenes migrantes indocumentados y, en contraste, que Calderón actué con total indiferencia y no publique ya el reglamento de una ley aprobada por consenso en el Congreso con la finalidad de proteger los derechos humanos de nacionales y extranjeros que cruzan por territorio nacional.

El senador Rubén Velázquez, detalló que el reglamento es necesario para definir los procedimientos, criterios y requisitos que orienten la aplicación de la ley. Sin ese ordenamiento, explicó, no se pueden poner en marcha los procesos de certificación y profesionalización de quienes laboran en el Instituto Nacional de Migración (INM), la expedición de visas, la protección a quienes transitan por el territorio o el procedimiento administrativo para la regulación de estancia de la población migrante, así como el retorno asistido de extranjeros a sus países de origen.

En un escrito que él y García Zalvidea presentaron ante la Comisión Permanente, recalcan que ese anteproyecto contiene graves y numerosas contradicciones con los principios y disposiciones de la propia Ley de Migración y con la realidad migratoria de México.

Preocupa, recalcan, los requisitos impuestos por Gobernación para el otorgamiento de visas, que se van a definir en lineamientos posteriores, pero que podrían ser imposibles de cubrir por los migrantes, dadas sus condiciones socioeconómicas. Se les pide, por ejemplo, acreditar solvencia económica y se establecen multas, sin un mecanismo de exención para personas de escasos recursos”.

Hay un sistema de puntos para el otorgamiento de visas que resulta ambiguo y da margen a una amplia discrecionalidad en la aplicación de la ley.

En el punto de acuerdo que presentaron en la sesión pasada de la Comisión Permanente, piden que la Secretaría de Gobernación informe sobre el cumplimiento del artículo transitorio del Presupuesto de Egresos de este año, el cual marca un monto mínimo de 500 millones de pesos para garantizar el respeto a los derechos humanos de quienes transiten por territorio nacional.