l Instituto Federal Electoral (IFE) convocó ayer a los partidos políticos y a sus respectivos candidatos presidenciales a suscribir un acuerdo de civilidad con el supuesto fin de dotar de certidumbre jurídica al proceso electoral en curso y garantizar que los resultados del próximo primero de julio serán respetados. La convocatoria del organismo electoral se inscribe en el contexto del llamado realizado hace unos días por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cual instó a partidos y candidatos a comprometerse por escrito a respetar la normatividad y las decisiones del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Es sin duda deseable que los procesos comiciales constituyan vías pacíficas para la solución de conflictos, no que formen parte de los mismos, y nadie podría negar la necesidad de que todos los actores involucrados en una contienda de este tipo se comporten siempre con pleno apego a los lineamientos legales vigentes y a las resoluciones de las autoridades correspondientes.

Sin embargo, resulta revelador y hasta sintomático que la autoridad llame a suscribir un acuerdo extraordinario para cumplir con lo que, en sentido estricto, ya está estipulado en la ley. Las normativas actuales en materia electoral establecen, de hecho, diversos cauces institucionales para la impugnación y la resolución de potenciales conflictos poselectorales, y dotan al IFE de herramientas y facultades para hacerlas valer y sancionar posibles infracciones. En un pleno estado de derecho, tendría que bastar con los mecanismos estrictamente legales para garantizar el buen curso de una contienda como la actual.

La convocatoria a suscribir el citado acuerdo de civilidad es tanto más cuestionable si se toma en cuenta que el IFE la realiza a instancias del órgano cúpula del sector privado; que esa asociación empresarial carece, como tal, de atribuciones legales para plantear exigencia alguna a autoridades, partidos y candidatos, y que el historial del CCE en materia electoral dista mucho de reflejar su pretendido compromiso con la certeza jurídica, la concordia social y el respeto a la legalidad durante esos procesos, como quedó de manifiesto con la campaña sucia que ese organismo llevó a cabo hace seis años para desacreditar al principal candidato opositor, y como puede verse ahora, con su determinación de impugnar, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las reformas legales que prohíben a particulares contratar espacios en radio y televisión para emitir mensajes proselitistas.

Por lo demás, para que el citado acuerdo tuviera un mínimo de sentido, éste tendría que hacerse extensivo, entre otros actores, al titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien en semanas recientes ha venido practicando una intromisión cada vez más desembozada en la contienda –ya sea en declaraciones a la prensa, en mensajes en redes sociales o mediante miembros de su gabinete– con el inocultable fin de denostar a los aspirantes opositores y apuntar a la candidata oficialista, en forma similar a como lo hizo su antecesor hace seis años.

Sin poner en duda la afirmación del consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, de que de este proceso electoral depende la estabilidad política del país, es claro que la legalidad y legitimidad de los comicios no depende tanto de la suscripción de acuerdos como el referido, sino de la voluntad y capacidad del IFE y del TEPJF para valerse de los mecanismos de los que disponen para dotar de certidumbre a la elección y sancionar conductas indebidas de partidos, candidatos, autoridades y particulares; de su disposición para remontar el déficit de credibilidad que se ganaron a pulso por su desempeño en las elecciones de 2006, y para actuar, en suma, de forma contraria a como lo hizo hace seis años: como árbitros y jueces electorales coherentes, firmes e imparciales, más allá de toda duda.