La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en marcha cursos para capacitar a jueces y magistrados en los procesos judiciales de violaciones a derechos humanos y delito de desaparición forzada de personas.

En informes a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la SCJN expuso que junto con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los prepara para sensibilizarlos sobre la importancia de la aplicación de los estándares internacionales en la materia.

Explicó que se capacita a los juzgadores y al personal jurisdiccional sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la CIDH, especialmente en lo relativo a los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales, protección judicial y estándares internacionales aplicables a la administración de justicia, por lo que sus cursos incluirán el debido juzgamiento del delito de desaparición forzada y de los hechos constitutivos del mismo, con especial énfasis en los elementos legales, técnicos y científicos necesarios para evaluar integralmente el fenómeno de la desaparición forzada, así como la utilización de la prueba circunstancial, indicios y presunciones.

En el informe a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Corte, actuando como el Tribunal Constitucional del país, destacó que se han puesto en marcha programas a fin de que los titulares del PJF reciban al mismo tiempo los mismos elementos introductorios (de manera presencial y a través de materiales especializados) acerca de las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos, aprobadas durante 2011.

En el documento elaborado para la CIDH acerca de las medidas tomadas a partir de la sentencia relacionada con el Caso Radilla, se precisa que la SCJN determinó que bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar; y también estableció que las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal civil competente.