El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó al juez Ramón Arturo Escobedo Ramírez, quien estaba a cargo del juzgado tercero de distrito con sede en Quintana Roo, por haber incurrido en notoria ineptitud, falta de profesionalismo y descuido en el desempeño de sus funciones.

El Poder Judicial de la Federación consideró que otorgó irregularmente suspensiones provisionales o definitivas, vinculadas principalmente con obras en las cuales autoridades locales y federales llevaron a cabo clausuras o acciones diversas, relacionadas con el medio ambiente.

La determinación se da a conocer 15 días después que el Consejo de la Judicatura suspendió al magistrado Guadalupe Luna Altamirano y al juez Efraín Cázares López por estar sujetos a investigación, por haber cometido irregularidades en el desempeño de su trabajo.

De manera paralela a la indagación que realiza el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría General de la República investiga a Luna Altamirano y Cázares López por obstrucción de la justicia, sin descartar que hubieran incurrido en actos de delincuencia organizada, al beneficiar jurídicamente a acusados de narcotráfico.

Respecto del juez Escobedo Ramírez, el pleno del Consejo de la Judicatura determinó sancionarlo porque incurrió en algunas de las causas de responsabilidad previstas en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en lo referente a no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores.

La destitución se dio a través del análisis de una queja administrativa y de una denuncia que se promovió en su contra, por considerar que el juzgador concedió suspensiones provisionales o definitivas, promovidas en distintos juicios de amparo, sin valorar pruebas, sin considerar lo asentado en las actas de visita y órdenes de clausura, y sin tomar en cuenta lo dispuesto en diversos ordenamientos de protección al medio ambiente.

Asimismo, fuentes del Poder Judicial indicaron que Escobedo Ramírez fue señalado de haber concedido, irregularmente, la libertad en diciembre de 2009 a nueve presuntos integrantes del cártel de Los Zetas que habían sido detenidos en una casa de seguridad en Cancún, acusados de delincuencia organizada y en posesión de cien cartuchos, una granada de fragmentación y seis vehículos.