Las condiciones de extrema violencia que enfrentan los migrantes indocumentados en México –donde están expuestos a secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas y agresiones sexuales– está extendiéndose cada vez más a los activistas que defienden los derechos humanos, en un fenómeno delictivo que muchas veces se comete con la complicidad de funcionarios públicos.

Tal fue una de las principales conclusiones a las que llegaron los integrantes de la Misión internacional de verificación de la situación de defensoras y defensores de migrantes, organismo que del 10 al 14 de junio pasado realizó una visita a varias ciudades del país, donde confirmó que los organismos de apoyo a los indocumentados trabajan en condiciones de extrema vulnerabilidad y precariedad, acosadas tanto por los grupos del crimen organizado como por el propio gobierno.

Luego de recorrer Saltillo, Matamoros, Reynosa, Torreón, Ciudad Juárez, Agua Prieta, Tijuana, Tenosique, San Cristóbal de las Casas, Villahermosa, Oaxaca, Tapachula y el Petén (esta última en Guatemala), la Misión constató que el Estado mexicano sigue permitiendo la violencia extrema hacia los migrantes y sus defensores al dejar en la impunidad total las agresiones contra ambos grupos, como ya se había documentado en informes anteriores.

Jaime Prieto, experto en asuntos de protección de defensores de derechos humanos, señaló en conferencia de prensa que los trabajadores internacionales sin documentos siguen siendo víctimas de asaltos, violaciones, secuestros, desapariciones y extorsiones por parte de grupos criminales, muchos de los cuales son cometidos con la aquiescencia de las fuerzas oficiales de seguridad, que criminalizan a los migrantes y hostigan a quienes los protegen.

Además, las medidas cautelares en favor de los activistas no se han aplicado con el suficiente rigor, y los funcionarios acusados de algún delito nunca son castigados, lo que termina por fortalecer el círculo de la impunidad y la violencia.

Tomás González Castillo, director del albergue para migrantes La 72, lamentó por su parte que ningún candidato presidencial haya incluido el tema en su plataforma, y subrayó que a pesar de las amenazas los activistas especializados en el tema no van a dejar sus actividades.

Por último, Jennifer Johnson, del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos, dio lectura a las recomendaciones de la misión internacional de verificación, entre las cuales figuran dar garantías inmediatas de seguridad a los migrantes y sus defensores, diseñar una política integral en la materia, asegurar la aplicación de medidas cautelares, e investigar, juzgar y sancionar a los culpables de abusos contra indocumentados.