La historia del megadesarrollo turístico Cabo Cortés está plagada de irregularidades, desde la compra de los terrenos en la zona aledaña al parque nacional Cabo Pulmo durante el gobierno de Vicente Fox, hasta los permisos ambientales otorgados por funcionarios que ni tenían atribuciones para ello, ni verificaron que la normatividad se cumpliera a cabalidad.

La cancelación del proyecto ordenada ayer por el presidente Felipe Calderón es el reconocimiento tácito de tales anomalías e incluso, según pudo confirmar La Jornada, el anuncio se hizo porque el gobierno federal ya recibió las conclusiones de la evaluación realizada en noviembre pasado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar).

Desde el principio, como también reconoció Calderón, hubo dudas e inquietudes de las comunidades, los académicos y organizaciones ambientalistas que en diversos foros señalaron el riesgo para la sustentabilidad ecológica regional.

Omitió mencionar las denuncias que se hicieron sobre la intervención de Arthur Edward John McCarthy, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el gobierno de Vicente Fox, para que empresas de Estados Unidos y España lograran adquirir alrededor de mil 500 hectáreas de la zona conocida como El Rincón en Los Cabos, Baja California Sur.

Por sus gestiones McCarthy obtuvo ganancias por un millón 550 mil dólares (La Jornada, 3/11/2008).

Autorizaciones de funcionarios menores

Luego, cuando la española Hansa Baja inició los trámites para el proyecto turístico y en 2008 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le otorgó el permiso, también se intensificaron las protestas en contra para denunciar que un funcionario menor, el entonces director del área a cargo de la evaluación de sectores de energía e industria, Roberto Manuel Margáin Hernández, hubiera expedido la autorización para un desarrollo que planteaba triplicar en tamaño la infraestructura hotelera de Los Cabos.

La manifestación de impacto ambiental (MIA) tenía que haber salido de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).

Ezequiel Ezcurra, director del Instituto para México y Estados Unidos de la Universidad de California, hizo señalamientos puntuales sobre las irregularidades y deficiencias técnicas del proyecto, mismas que no fueron tomadas en cuenta por la Semarnat, entre otras que la empresa Hansa Baja no realizó ninguna investigación a profundidad ni corroboró la afectación que sufriría el sistema arrecifal.

Tampoco se evaluó el impacto que tendría en las comunidades la extracción de agua autorizada para los inversionistas, unos 4.5 millones de metros cúbicos. Dicho volumen es el doble de lo disponible en el único acuífero no sobrexplotado en esa región desértica, sin considerar las necesidades de la población actual y futura, ni la creciente vulnerabilidad de la zona ante el cambio climático, como en su momento advirtió el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés).

Otro señalamiento de los expertos es que Semarnat hubiera autorizado una MIA parcial y que hubiera quedado pendiente el permiso de construcción de la Marina y de una planta desaladora. Incluir estos aspectos habría requerido estudios de dos años de duración para comprobar que no habría daños para el arrecife por la salmuera que provoca la desalación del agua y los hidrocarburos por la operación de yates.