En los ámbitos de la educación y la salud todavía persisten relaciones de poder que facilitan la comisión de abusos sexuales, muchos de los cuales se han asumido como medidas normales de castigo o disciplina, por lo que a las víctimas les resulta más complicado acceder a la justicia.

Tal es una de las principales conclusiones del informe Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual, dado a conocer ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el documento, de 76 páginas, se analiza cuáles son las condiciones que hacen posible la violencia sexual tanto en espacios educativos como de salud, y cómo la impunidad hace que este problema de derechos humanos siga reproduciéndose.

Como ya se había detectado en un estudio de 2007, la violencia sexual en estos dos espacios está caracterizada por la falta de denuncia y el subregistro en todos los países del continente, lo que a su vez dificulta la sanción.

La CIDH hizo constar en el informe que las víctimas de violencia sexual enfrentan grandes barreras en su acceso a la justicia, debido a que los gobiernos no han realizado diagnósticos al respecto; no hay normas administrativas con perspectiva de género en escuelas y hospitales, ni procedimientos especiales de prevención y control.

Aunque saludó los avances de los países del continente por adoptar un marco jurídico que frene la violencia contra las mujeres, el organismo con sede en Washington recalcó que no tiene aplicabilidad real, y por ello la mayoría de las agresiones nunca son investigadas, juzgadas ni sancionadas.

Además de que la violencia sexual no ha sido abordada por las instituciones como un problema de singular gravedad, la CIDH comprobó que este fenómeno es en gran medida tolerado por las sociedades, ya que se considera práctica normal de disciplina y castigo, que en el caso de las niñas se agrava, pues se tiende a verlas como objeto de tutela, y no como sujeto de derechos.

En el caso de la violencia sexual ejercida por médicos, el problema está totalmente invisibilizado –más aún cuando las víctimas son mujeres con discapacidad mental o física–, ya que son muy escasas las normas que regulan la relación con los pacientes.