n días recientes han tenido lugar diversas agresiones y hostigamientos con el telón de fondo de la contienda electoral en curso. Salvo dos casos gravísimos –el homicidio del perredista guerrerense Margarito Genchi, candidato al Congreso de su entidad, y el del simpatizante panista Edgardo Hernández Corzo, presuntamente asesinado por quien era hasta el momento el postulado priísta a la alcaldía de Villaflores, Chiapas–, se ha tratado de episodios menores de violencia en los que bases priístas han golpeado a detractores y manifestantes –como ha ocurrido en Saltillo, Coahuila; Córdoba, Veracruz, o el Estadio Azteca, en la capital del país–, con saldos de unos cuantos heridos leves, o de manotazos sobre los vehículos de la caravana del candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto, como ocurrió en Querétaro, la semana antepasada, y en Tepeaca, Puebla, ayer.
Sin embargo, el hecho mismo de que tales agresiones sean toleradas o propiciadas alienta las pasiones políticas y los enconos partidistas y retroalimentan, así, una espiral de violencia electoral que, si bien incipiente, debe ser atajada de raíz por los propios actores del proceso comicial: partidos y candidatos, no sólo porque la agresión física es inviable y condenable por sí misma, sino también porque podría convertir el proceso electoral, que debe ser una fuente de soluciones a los conflictos, en un conflicto más.
La frontera que no debe cruzarse es por demás clara: así como no hay margen ni razón para impedir la crítica a las figuras políticas, ni posibilidad alguna de evitar el denuesto social y ciudadano contra ellas, es claro que la animadversión y la hostilidad no deben sobrepasar el ámbito verbal.
Por lo demás, debe tenerse presente que la ofensa y la agresión son consecuencia, no causa, del enrarecimiento del ambiente político, y que éste no ha sido generado en las bases sociales, sino en las cúpulas de la clase política, ya sea por los agravios contra grupos poblacionales por parte de actores de la escena política, o bien por efecto de la guerra sucia propagandística en curso, en la cual se recurre a la calumnia y la descalificación sin fundamento de adversarios electorales. Es necesario que los aspirantes, sus organizaciones políticas y sus estrategas, renuncien de inmediato a esas formas de propaganda que generan fracturas sociales muy difíciles de restañar, como pudo apreciarse tras el proceso electoral de 2006.
Por último, un factor que alimenta la crispación es la persistente intromisión del titular del Ejecutivo federal en el proceso. No le bastó al mandatario con polemizar, vía Twitter o con declaraciones de miembros de su gabinete, con la propuesta de austeridad del candidato Andrés Manuel López Obrador; por añadidura, Felipe Calderón salió ayer a formular consideraciones sobre el proceso comicial en curso que resultan necesariamente desafortunadas, no sólo por su contenido, claramente orientado a beneficiar a la candidata oficialista, Josefina Vázquez Mota, sino porque constituyen una intromisión indebida y ajena al espíritu republicano. Bien haría el equipo de Los Pinos en recordar que, a raíz de la sistemática injerencia de Vicente Fox en las campañas de 2006, su sucesor se ha visto privado, a lo largo de toda su gestión, de una legitimidad sin la cual no es posible gobernar en forma adecuada.
Finalmente, cabe exhortar a políticos, partidos, funcionarios y ciudadanos, a disminuir la estridencia que ya caracteriza al proceso electoral en curso, a practicar la contención y la moderación, a buscar el diálogo y el contraste de propuestas, así como evitar cualquier gesto de violencia física, que ya demasiada hay, por otras causas, en el país.
