La organización civil Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas) presentó ayer la guía práctica Desaparición forzada de personas, cuyo objetivo es ofrecer el conocimiento básico para identificar cuando se está ante un caso de esta naturaleza y explicar cómo afrontarlo.

Mónica Pérez, investigadora de Idheas, explicó que el manual es resultado del trabajo de esta organización en Baja California. Primero surgió como algo local, y luego pensamos que era necesario extender este esfuerzo hacia un manual más general.

En el primer capítulo se habla de los tipos de desapariciones: accidental; por propia voluntad; por voluntad de un particular (secuestro u homicidios), y desaparición forzada, destacó. Refirió que esta práctica se mantiene, aunque ya no en un contexto de autoritarismo o conflicto político.

La investigadora agregó que en el segundo capítulo se contextualiza el surgimiento del fenómeno en México, a finales de la década de los 60 y principios de los 70, durante la guerra de baja intensidad o guerra sucia.

Esta práctica no ha sido erradicada; se mantiene aunque ya no en un contexto de autoritarismo o conflicto político; ha cambiado su naturaleza.

Santiago Corcuera, investigador y ex presidente del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, dijo que publicar el manual es un reconocimiento a la actual situación en el país, sobre todo en este sexenio en que vergonzosamente se dan desapariciones que, se dice, son contemporáneas. Lo vergonzozo, subrayó, es que desde el 11 de diciembre de 2006 comienza esta situación en que hay miles de personas desaparecidas y más de 100 mil desplazados.

Explicó que la legislación federal y los estados que han emitido leyes al respecto están mal hechas, por lo que pidió a los legisladores no ser creativos al elaborar las leyes; sólo copien y peguen el texto con la definición de ese delito tomada de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, o la Convención de la ONU contra la Desaparición Forzada, pero no utilicen la del Estatuto de Roma, que introduce otros elementos que la hacen de difícil aplicación.

Jaime Hernández Valencia, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que el problema en México con las desapariciones, esos miles de los que se habla en este sexenio, es que no hay una cifra total; por eso se debe contar con registro nacional, no sabemos cuántas hay, cuántas fueron perpetradas por policías locales, estatales o militares.