Washington, 11 de junio. Una comisión del Congreso de Estados Unidos anunció hoy que la semana próxima podría acusar de desacato al fiscal general, Eric Holder, por no haber entregado documentos que le pidió en el contexto de la investigación por la polémica y fallida operación de contrabando de armas en México denominada Rapido y furioso.

El anuncio de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, presidida por el republicano Darrell Issa, fue desestimado de inmediato por la Casa Blanca, cuyo portavoz, Jay Carney, lo calificó de politiquería.

Según Issa, la decisión de votar para declarar a Holder en desacato se debe a que el fiscal general no ha cumplido sus obligaciones legales después de que se emitiera en octubre del año pasado una citación para que entregara los documentos requeridos, algo que volvió a serle reclamado el pasado mayo.

Obstruyen investigación

De acuerdo con el republicano, el Departamento de Justicia se ha negado a entregar documentos clave con el argumento de que muestran deliberaciones internas de la institución y que fueron creados después del 4 de febrero de 2011, fecha en que dicho departamento emitió una negación falsa al Congreso sobre su conocimiento de la polémica operación.

El objetivo de la citación del Congreso es precisamente para tener acceso a los documentos manejados a partir de esa fecha.

Las acciones del Departamento de Justicia han obstruido la investigación sobre Rápido y furioso, denunció hoy Issa.

“El Congreso tiene la obligación de investigar preguntas sin respuesta sobre intentos de calumniar a informantes, fracasos por parte de funcionarios de justicia a la hora de decir la verdad y ser sinceros con la investigación del Congreso, así como averiguar las razones del importante retraso en el reconocimiento de una conducta temeraria en la operación Rápido y furioso”, justificó.

El fiscal Eric Holder desata la furia de los republicanosFoto Ap

La controvertida operación fue iniciada en 2009, cuando agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) permitieron que traficantes ingresaran de forma ilegal unas 2 mil armas de alto calibre a México desde Arizona con el objetivo de tratar de localizarlas en escenas de crímenes y así rastrear a los cárteles tras éstos, aunque finalmente se perdió la pista del armamento.

El hecho de que se hallaran algunas de estas armas en el lugar donde fue asesinado un agente fronterizo estadunidense, Brian Terry, en diciembre de ese año, desató el escándalo y provocó la investigación en el Congreso, que desde hace más de un año lleva pidiendo la cabeza de Holder.

Liderada por Issa y por el senador, también republicano, Charles Grassley, la investigación ya ha provocado de hecho cambios en la cúpula de la ATF.

El propio Holder ha acudido hasta en ocho ocasiones al Capitolio a declarar por este caso, tal como recordó hoy el portavoz Carney al desestimar la amenaza de desacato de Issa.

“En vista de los esfuerzos del Departamento de Justicia por satisfacer la investigación del comité, no puedo más que remitirme al miembro republicano del Congreso que recientemente reconoció que esta investigación no es más que, cito, politiquería”, agregó Carney.

Una respuesta que no parece que vaya a frenar los esfuerzos dirigidos por los republicanos.