El monto que se destina a los programas sociales y la cantidad de personas a las que se dirigen no son cosa menor. Datos a 2011 indican que entre la Federación y los gobiernos estatales sumaban alrededor de mil de estas acciones, el gobierno federal destinó a dichos programas 626 mil millones de pesos y tan sólo Oportunidades atiende a 25 millones de mexicanos. El riesgo que especialistas advierten de su uso electoral está latente: hay una débil fiscalización y algunos son manejados por caciques locales.

La existencia de tantos programas no es clara: Unos son creados por el Ejecutivo federal, otros por el Legislativo y otros por las entidades federativas, con el fin de que se ejerza más presupuesto en los gobiernos locales. Posiblemente varios de ellos son creados para resolver problemas concretos de la población, pero debido a que no siempre se cuenta con resultados de estos programas, la sospecha de un uso político es inevitable, advierte el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el Informe de evaluación de la política social 2011.

Hasta hace dos años en México había alrededor de 58 millones de personas en pobreza patrimonial y, de acuerdo con estimaciones de especialistas, la crisis alimentaria ocasionada por el aumento en el precio de los productos hará que durante este año el número de personas en esa condición se eleve.

Para prevenir el uso electoral de los programas, la Secretaría de Desarrollo Social argumenta que hay un blindaje: capacita a los funcionarios públicos y a beneficiarios para que conozcan sus obligaciones legales y sus derechos. Hay talleres, teleconferencias, se difunde la normatividad electoral y se promueve la cultura de denuncia ciudadana.

Sin embargo, cuando a familias que tienen tantas carencias se les entregan los apoyos del programa social, hay una actitud de decir: vengo aquí a hacerte un favor (por) cualquier cosa que te dé o exija. Y es tal tu situación de privación que lo tienes que hacer, asevera Julio Berdegué, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Social. El especialista considera que el clientelismo, la corrupción, y el corporativismo son prácticas muy arraigadas en América Latina.

En el caso de Oportunidades –en el que participan las secretarías de Desarrollo Social, Educación y Salud– que tiene inscritas 5 millones de familias, es decir, 25 millones de personas (un poco menos de la cuarta parte de los mexicanos), tal como ahora está, sólo beneficia a los caciques en los pueblos de este país, los recursos se distribuyen por una red corporativa de diferentes instituciones políticas que controlan a los ciudadanos, son un grupo pequeño de la población, señala en entrevista Genaro Aguilar, investigador de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional.

En México, la debilidad más importante para vigilar el uso de los recursos públicos y evitar que en medio de un proceso electoral se utilicen para apoyar o favorecer la imagen de servidores públicos, es que el Poder Ejecutivo se fiscaliza a sí mismo. La Secretaría de la Función Pública (SFP) se encarga de vigilar que los servidores públicos no hagan uso electoral de sus responsabilidad públicas, advierte en entrevista Óscar de los Reyes, investigador especializado en Administración Pública y Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey. El titular de la SFP es nombrado por el presidente de la República y es el encargado de vigilar y blindar los programas sociales, precisa.

No hay que descartar, apunta, que en muchos de los casos la operación del reparto de los recursos y apoyos de los programas sociales intervienen coordinadamente los gobiernos de los estados, en la medida en que existe menos control de las autoridades fiscalizadoras en el área rural, existe la posibilidad de hacer un mal uso de los programas.

Los programas sociales generan el riesgo de ser utilizados con fines electorales, y esto no es monopolio del gobierno federal, también pueden ser los locales los que pueden hacer eso, por el vacío en el momento de aplicarlos e instrumentarlos.

Considera que lamentablemente nos quedamos en la superficie pretendiendo identificar los programas que se utilizan para favorecer el voto o la ayuda directa que va a dar a los potenciales electores, cuando en el fondo existe un problema de construcción de ciudadanía y el problema es que quienes tienen la capacidad política para hacerlo no quieren.

Diego Antoni, del programa de Gobernabilidad Democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), menciona que para que un programa se considere protegido en un contexto electoral, libre de potenciales manipulaciones u ocultamiento de información, necesita atributos mínimos, que son reglas de operación, mecanismos de monitoreo y seguimiento, y padrón de beneficiarios transparente.