La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si los jueces militares pueden procesar o no a soldados en activo acusados de delitos federales, particularmente los que están relacionados con el narcotráfico.

Después de emitir un acuerdo general que ordenó a todos los juzgados y tribunales federales que se abstengan de resolver procesos penales que involucren a militares por delitos contra la salud, fuentes judiciales confirmaron que los ministros analizarán si los jueces castrenses pueden o no aplicar de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Penales Federales o si esa atribución es exclusiva de los jueces civiles federales.

De acuerdo con los informantes, el asunto tiene particular importancia, ya que desde que los militares se involucraron abiertamente en la guerra contra el narcotráfico no existe un criterio jurídico que determine si los soldados pueden ser también procesados por delitos federales en el fuero de guerra.

Recordaron el caso de los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, quienes estando en activo fueron sentenciados inicialmente por delitos contra la salud –aunque el primero quedó posteriormente en libertad por “errores cometidos durante el Consejo de Guerra–, o el general brigadier Ricardo Martínez Perea (sentenciado por el fuero de guerra en el año 2003, acusado de proteger al cártel del Golfo) a quienes les fue aplicado de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Penales.

En cambio, otros generales en el activo, como el general Roberto Dawe González, han sido consignados directamente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos contra la salud.

Lo que busca la Corte es fijar criterios respecto de si los jueces militares deben, declinar competencia cuando un soldado sea acusado de cometer un delito federal, como es el tráfico de enervantes.

Trascendió que las circulares generaron molestia y preocupación en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque el tema de delitos contra la salud y los soldados no se había discutido siquiera en el Poder Ejecutivo Federal, al grado de que altos mandos del Ejército han solicitado entrevistas con ministros de la Corte para plantearles directamente su postura sobre el tema.

El acuerdo de pleno 6/2012 da cuenta de que al 7 de mayo pasado la SCJN había recibido 26 amparos en revisión, uno directo y diversos conflictos competenciales entre tribunales colegiados que tienen que ver con militares acusados de violar derechos de civiles.