os jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyeron la Audiencia General Introductoria, celebrada en Ciudad Juárez entre el 27 y el 29 de mayo afirmando: Los principios del libre mercado no son compatibles con la dignidad humana, ni con la sustentabilidad del medio ambiente. Una verdad que las distintas audiencias y el grueso de los mexicanos ha sufrido en carne propia y que ha dado origen a los más importantes movimientos sociales en las últimas décadas, pero que los gobiernos en turno se han negado a reconocer.

Entre los agraviados están las organizaciones que convergen en la Audiencia del Maíz, y ponen en evidencia los efectos que el libre comercio, la violencia y la impunidad provocan en la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos.

Desde diferentes pueblos originarios y estados del país se encontraron con organizaciones y pueblos del estado de Chihuahua, para explicar las principales afrentas. Alberto Gómez, de la Vía Campesina, afirmó: Las políticas agrícolas nos han condenado a dejar de existir como campesinos. El caso del maíz ejemplifica cómo el Estado mexicano, al favorecer las importaciones y no cobrar por ellas el arancel acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sentenció a los campesinos y también a los pequeños y medianos productores agrícolas a no poder subsistir con su actividad, y en cambio benefició a un puñado de empresas trasnacionales que ahora controlan el mercado mexicano de los productos básicos. Estas corporaciones, a través de sus prácticas monopólicas, fueron los responsables de la crisis de la tortilla en 2007.

Los jueces del TPP recomendaron estudiar los mecanismos posibles para la retirada de México del TLCAN, una demanda eje del movimiento El Campo no Aguanta Más, que se inició en 2003, justo en esta ciudad, con el bloqueo del puente internacional Córdoba-Las Américas, para impedir el ingreso al país de productos agropecuarios.

Desde 2001 se comprobó que la fuente de contaminación transgénica del maíz nativo fueron las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos. Josefina Santiago, una campesina zapoteca que cultiva maíz orgánico con semillas heredadas de sus antepasados, denunció la afrenta de contaminar con transgenes al maíz nativo, en el centro de origen; un caso que no sólo atañe al pueblo de México, dado que las más de 75 razas y cientos de variedades nativas en riesgo de ser contaminadas con genes patentados por las corporaciones son patrimonio de la humanidad.

La Audiencia del Maíz hace responsable al Estado mexicano por el avance de la siembra legal del maíz transgénico pues, en 2009, Felipe Calderón con un decreto presidencial puso fin a la moratoria de facto establecida por un grupo de científicos conscientes 10 años atrás. También el Poder Legislativo es responsable al aprobar una Ley de Bioseguridad (LBOGM), que únicamente define los pasos que las empresas deben seguir para obtener los permisos de siembra de cultivos transgénicos.

Otras voces de los pueblos wixaritari, nahua, totonaco y tenek denunciaron que la falta de reconocimeinto de los derechos indígenas, así como los efectos de las políticas agrarias y ambientales, los han colocado en una situación de mucho mayor riesgo frente a las corporaciones que codician sus territorios y naturaleza. Explicaron que el aumento de la pobreza y la migración en el campo es un efecto directo del abandono estatal a la agricultura campesina.

Víctor Quintana, por el Frente Democrático Campesino de Chihuahua, relacionó la falta de rentabilidad de la agricultura con la violencia impune que se vive cotidianamente en el país y en su región, donde el crimen organizado ha llenado el vacío que dejó el Estado.

El Estado mexicano ha condenado a millones de campesinos y agricultores a cambiar su forma de vida, atentando contra su identidad, obligándolos a migrar, invadiendo sus territorios, forzándolos a dejar de ser lo que son. Para los jueces del TPP el Estado mexicano, mediante sus políticas, ha vulnerado de forma masiva y sistemática un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de gran parte de la población mexicana.

El TPP es el tribunal de conciencia de mayor prestigio a escala internacional, dedicado a juzgar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos, cometidos por los poderes mundiales. Para la Audiencia del Maíz es una victoria que el TPP haya aceptado juzgar al Estado mexicano por la aplicación de políticas de libre comercio que atentan contra el maíz y los pueblos que son producto y origen del maíz.