a Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó ayer su preocupación por el incremento en el número de casos de visitantes mexicanos rechazados, retenidos y posteriormente repatriados a nuestro país a su llegada a los aeropuertos de Madrid y Barcelona, con el argumento de que no cumplen ciertos requisitos administrativos, como la llamada carta de invitación expedida por algún ciudadano europeo y la posesión, en efectivo, de una determinada cantidad de euros por cada día de permanencia. A renglón seguido, la dependencia encabezada por Patricia Espinosa pidió a sus contrapartes españolas atender este asunto con la urgencia requerida, con objeto de ofrecer una solución viable y evitar retenciones injustificadas en aeropuertos.

El comunicado de la cancillería viene precedido de un creciente número de quejas de connacionales que aseguran haber recibido tratos indignantes, presión sicológica y violencia verbal a su llegada a las terminales aéreas de Barajas y El Prat en la nación ibérica, y que fueron objeto de expulsiones fulminantes por supuestamente no presentar los requisitos para acreditar su estadía como turistas. El telón de fondo de este fenómeno es el recrudecimiento de las políticas de ingreso a España que adoptó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que se han recrudecido a raíz del arribo a La Moncloa de Mariano Rajoy, del Partido Popular, y que se han cebado, según puede verse, incluso contra ciudadanos extranjeros que visitan España por estrictos motivos turísticos, académicos o de negocios, sin intención de migrar en forma indefinida a ese país.

Así pues, aunque la postura del gobierno mexicano colisiona con su propia actitud hacia migrantes centro y sudamericanos en el territorio nacional, el reclamo formulado a la diplomacia española resulta en sí mismo procedente. Sin desconocer que las directrices migratorias de un país son una decisión soberana, no hay justificación para someter a ciudadanos de cualquier nacionalidad a retenciones arbitrarias ni mucho menos a tratos vejatorios e indignos en las instalaciones aeroportuarias.

Por otra parte, aun si fuera el caso que las personas que han sido deportadas de España a México hubieran tenido la intención de permanecer indefinidamente en el país europeo, las muestras de racismo, intolerancia, xenofobia y hasta criminalización que éstas han denunciado por parte de los agentes y autoridades españolas dan cuenta de una falta de comprensión y de conciencia sobre la naturaleza de los fenómenos migratorios; sobre la importancia de éstos en la constitución de casi todos los estados-nación actualmente existentes, y sobre las valiosas aportaciones de esas oleadas a las culturas y economías de regiones y países.

Por lo demás, resulta paradójico que un gobierno que se muestra tan duro contra migrantes reales o presuntos se caracterice, al mismo tiempo, por aplicar medidas que, de persistir, orillarán a muchos de sus connacionales a una circunstancia de éxodo económico. En efecto, en una España caracterizada por el desempleo galopante, por los severos recortes en materia de educación y salud, por el derrumbe del aparato de bienestar y por el aviso del propio Mariano Rajoy de que habrá reformas y ajustes adicionales, no resulta descabellado suponer que a los extranjeros expulsados de la nación ibérica se sumarán más temprano que tarde un número indeterminado de ciudadanos peninsulares ante la falta de oportunidades dentro de su propio país.

En el contexto de una economía globalizada y en momentos en que las dificultades financieras, políticas y sociales recorren varios países del orbe, es pertinente y necesario que las autoridades nacionales vuelquen los recursos a su alcance a la atención de sus respectivas poblaciones, pero también que avancen hacia una concepción de los flujos migratorios más humanista y menos racista, xenófoba y paranoica como la que hoy impera en muchas naciones, España y México entre ellas.