Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) no cuentan con estadísticas precisas sobre las prestaciones que reciben los familiares de militares muertos o heridos (que han pasado a retiro por causas del servicio) en la lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.

Además, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfam), encargado de pagar las pensiones de los militares que pasan a retiro, carece de información que permita determinar las causas de las muertes, ya sea dentro o fuera de servicio, en virtud de que el organismo sólo paga las prestaciones a que se tiene derecho sin importar la causa del fallecimiento.

A pesar de que el número de militares y marinos fallecidos en la lucha contra el crimen organizado se incrementó sustancialmente en el gobierno actual y de que muchos caídos han sido homenajeados en diversas ceremonias castrenses, ni la Sedena ni la Semar dan seguimiento puntual a la manera en que los deudos reciben indemnizaciones y pensiones, o sobre la forma en que son atendidos los lesionados que tuvieron que dejar la milicia.

De acuerdo con información proporcionada por la Sedena, la Semar y el Issfam, ninguna dependencia lleva registros pormenorizados. Por tanto, los deudos de un soldado que entregó su vida enfrentando a la delincuencia reciben lo mismo que los familiares de un militar que falleció en otras circunstancias.

Según el Issfam, del primero de diciembre de 2006 a la misma fecha de 2011 se pensionaron 5 mil 360 soldados, lo cual generó un costo por prestaciones de 753 millones 906 mil 999 pesos; mientras las bajas por inutilidad representaron un gasto por 87 millones 444 mil 661 pesos.

El organismo reconoce en su respuesta a una solicitud de información que sería complicado, laborioso y exhaustivo destinar recursos (humanos y materiales) para obtener la información sobre el número de soldados muertos o heridos en el combate al narcotráfico en lo que va del sexenio, los beneficios económicos que recibieron o perciben sus deudos y si las víctimas castrenses o sus familias recibieron algún beneficio adicional a la pensión de ley por haber fallecido en la guerra que comenzó el comandante supremo de las fuerzas armadas, Felipe Calderón, el primero de diciembre de 2006.

De acuerdo con cifras oficiales, las cuales cambian de manera constante, en lo que va del sexenio han perdido la vida al menos 130 soldados en enfrentamientos con narcotraficantes. Marinos son más de 38.

Esos datos contrastan con lo que sucedía antes de la llegada de Calderón Hinojosa a la Presidencia, cuando las bajas de militares eran mínimas.

Por ley, la junta directiva del Issfam es la que dictamina otorgar o rechazar las prestaciones relativas a seguros de vida militar, institucional y colectivo de retiro; devolución de aportaciones a los fondos de seguro colectivo, de retiro y de vivienda militar, y pago de becas y créditos hipotecarios, así como de las pensiones respectivas.

Además, el instituto es el que resuelve los procedimientos administrativos que presentan los militares o sus familiares cuando no están de acuerdo con los montos de pensión asignados en razón de la forma en que la víctima falleció o fue dada de baja del servicio.