l fin de semana pasado, en Michoacán y Guanajuato, atacantes no identificados destruyeron al menos cuatro locales y 49 vehículos de la empresa Sabritas. Las agresiones han seguido una pauta similar: hombres encapuchados y armados con rifles de asalto rocían con gasolina bodegas y unidades de transporte para luego incendiarlos. Ha trascendido que efectivos gubernamentales comisionados para el combate a la delincuencia organizada en esas entidades han utilizado vehículos del corporativo para trasladarse en zonas controladas por el narcotráfico y que los ataques referidos serían la respuesta delictiva a esa práctica.

Sin omitir lo condenable que resulta el incendio intencional de bienes públicos o privados, ha de señalarse que las fuerzas policiales o militares no deben parapetarse tras el logotipo de otras entidades. Si fuera cierta la versión de que han venido utilizando los transportes de Sabritas en las regiones mencionadas, ello representaría una irresponsabilidad mayúscula, tanto de los mandos públicos como de los ejecutivos de la empresa que habrían autorizado semejante operación.

Que efectivos policiales o militares empleen vehículos o instalaciones de una empresa mercantil privada conlleva un altísimo e inaceptable peligro para la vida y la integridad física de los directivos y empleados de ésta y es, por ello, contrario a las reglas básicas que un Estado constituido ha de observar en cualquier confrontación armada.

Por añadidura, buscar cobijo en una marca comercial resta toda seriedad al desempeño de las fuerzas gubernamentales, opera contra la autoridad y hasta contra la autoestima de policías o militares y distorsiona el sentido y el propósito de la lucha contra la delincuencia, de por sí afectada en la credibilidad por los malos resultados que ha arrojado.

En tercer término, el recurso referido ha de implicar necesariamente una contraprestación a la empresa de que se trate, lo que desvirtúa sus propósitos constitutivos, enturbia su relación con las autoridades y la convierte obligadamente en parte beligerante.

Por lo anterior, es impostergable que las dependencias involucradas aclaren a cabalidad si ha existido un acuerdo con Sabritas para que las fuerzas del orden utilicen sus transportes y/o instalaciones y, lo más importante, que se abstengan, en lo sucesivo, de semejantes acuerdos.