Bajo la bandera de luchar contra la pobreza, las empresas trasnacionales privatizan la cooperación para el desarrollo al aprovechar sus donaciones para que las personas pobres que las reciben se conviertan en consumidores de sus productos, denuncia el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

El panorama de la cooperación para el desarrollo se ha modificado durante la última década con el sector privado colocado como agente de desarrollo y se alinea con las políticas económicas e intereses comerciales de las compañías multinacionales, con el apoyo de los gobiernos de los países y organismos públicos internacionales, pero también de organismos no gubernamentales (ONG) que ven a las grandes empresas con sus aliadas, pasando de la confrontación al diálogo y de ahí a la colaboración, alertan Pedro Ramiro, coordinador de OMAL, y Miguel Romero, editor de la revista Viento del Sur, en la investigación Pobreza: empresas, estados y ONG ante la privatización de la cooperación al desarrollo.

La reducción de fondos en las agencias de cooperación propicia las alianzas público-privadas, mediante las cuales los corporativos y gobiernos donantes buscan orientar la cooperación para el desarrollo hacia sus intereses comerciales, precisan. La pobreza resulta así un negocio rentable para las grandes corporaciones.

Plantean que ONG deben cuestionarse si tiene sentido que se subvencionen con fondos públicos los intereses privados de las corporaciones trasnacionales. ¿Tiene lógica que compañías como Coca-Cola, Wal-Mart, BBVA, Repsol o Telefónica, acusados de haber cometido graves delitos contra los derechos humanos, ambientales, civiles o laborales, sean las encargadas de marcar la agenda de las políticas oficiales de desarrollo?, cuestionan.