El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó ayer una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del estado Guerrero por las amenazas que ha recibido Vidulfo Rosales, uno de sus abogados, relacionadas con su trabajo de 18 años como defensor de las garantías individuales.

Mediante un comunicado, la organización explicó que Rosales recibió el pasado 4 de mayo un anónimo hecho en computadora donde se le advierte que ha causado molestia su labor en casos como el de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, agredidas sexualmente por miembros del Ejército en 2002.

De igual manera, el texto se refiere al acompañamiento que Tlachinollan ha realizado a los opositores de la presa hidroeléctrica de La Parota, y a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

La denuncia fue entregada en presencia de un representante de la Secretaría de Gobernación, y de observadores de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Servicios y Asesoría para la Paz y Amnistía Internacional.

En apoyo a Tlachinollan y a Vidulfo Rosales, diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos emitieron un comunicado en repudio a las amenazas y demandando al Estado mexicano que ponga en marcha medidas eficaces de protección, así como una indagatoria eficaz sobre el tema.