Los testimonios e imputaciones en contra del general Tomás Ángeles Dauahare y de otros tres militares actualmente arraigados van en aumento. La Procuraduría General de la República (PGR) incluyó en la averiguación previa las declaraciones de otros dos testigos protegidos, además del llamado Jennifer, y de al menos seis clases y oficiales del Ejército que están presos, quienes han asegurado que recibieron órdenes de Ángeles para percibir durante varios meses cantidades millonarias de dinero que supuestamente les entregó Arturo Beltrán Leyva.

Entre los nuevos testigos que han declarado contra los mandos militares está Sergio Villarreal Barragán, El Grande, quien después de declarar dos días consecutivos (sábado y domingo pasados) fue entregado la noche del pasado martes en extradición al gobierno de Estados Unidos.

La entrega del ex operador de los hermanos Beltrán Leyva se realizó luego de que El Grande litigó en los últimos dos años en tribunales mexicanos para evitar su extradición. Este miércoles fue presentado ante una corte de Texas, según informó Alisa Finelli, vocera del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En México, en los seis días recientes, la PGR incluyó en la averiguación previa contra mandos militares declaraciones del testigo protegido conocido como Emiliano, quien acusó a José Luis Santiago Vasconcelos, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de pactar con los Beltrán Leyva.

Santiago Vasconcelos murió en el accidente aéreo de 2008, que también costó la vida al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

Informes ministeriales señalan que entre un total de seis militares que declaran contra los generales, hay cuatro que están presos y otros dos se convirtieron en testigos colaboradores.

Tres de esos militares acusaron a Ángeles Dauahare y a Ricardo Escorcia Vargas, ex comandante de la 24 Zona Militar en Morelos, de enviarlos a cobrar grandes sumas de dinero a los traficantes de drogas.

En el caso de la declaración de Emiliano, se trata de uno de los testigos colaboradores que reclutó la PGR en 2008 y que contribuyeron a que la dependencia armara la Operación Limpieza contra funcionarios federales que presuntamente protegían al cártel de Sinaloa.

Emiliano asegura que desde el sexenio de Vicente Fox, Santiago Vasconcelos tenía un acuerdo con los Beltrán Leyva para protegerlos.